Toluca/Estado de México
Para salvaguardar la vida y los derechos de miles de mujeres y de personas de la diversidad, es de extrema urgencia, así como generar estrategias efectivas, legislar y dotar de herramientas afirmativas para erradicar los feminicidios y los crímenes de odio como formas de violencia de género, aseveró la presidenta de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México (CODHEM), Myrna Araceli García Morón.
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Así lo dijo durante su participación en el Panel Feminicidios y Crímenes de Odio, convocado por el Gobierno del Estado de México, a través de la Junta de Asistencia Privada de la entidad (JAPEM), en el marco del inicio de las actividades por los “16 días de Activismo contra la Violencia de Género”, el pasado 25 de noviembre.
La ombudsperson mexiquense destacó que los feminicidios y los crímenes de odio son profundamente dolorosos, vigentes y que tienen una connotación de suma urgencia para detener el extremo de las violencias contra las mujeres y contra las personas de la diversidad sexual y de género.
Recordó que México está enfrentando una crisis de violencia de género que se traduce en un promedio de diez feminicidios por día, según cifras oficiales de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana; refirió que en lo que va de enero a octubre de este año, se han registrado 667 feminicidios, lo que refleja la lacerante realidad de la violencia de género.
En el mundo, dijo, la Organización Mundial de la Salud (OMS) estima que una de cada tres mujeres ha experimentado violencia física o sexual en algún momento de su vida y que estos actos violentos son perpetrados en su mayoría por personas con un vínculo emocional con las víctimas, lo cual refleja estructuras sociales y de pensamiento que sostienen profundas desigualdades entre mujeres y hombres.
La presidenta de la CODHEM expresó que en lo que toca a crímenes de odio, hace falta un replanteamiento de los recursos asignados, los programas de prevención y mayor investigación, ya que no hay números oficiales en las Fiscalías y en otras áreas de procuración de justicia o de seguridad pública.
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