Toluca/Estado de México
A fin de constatar las condiciones en que se encuentran las personas detenidas y el cumplimiento de las directrices de la Ley de Justicia Cívica estatal, relacionadas con el trato digno, la infraestructura, el respeto a la dignidad y los derechos humanos, así como la implementación de protocolos, entre otras medidas, la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México (CODHEM) realizó visitas a Juzgados Cívicos en los 125 municipios mexiquense durante el año 2024, informó la presidenta del organismo, Myrna Araceli García Morón.
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De la supervisión realizada por el personal de la CODHEM, explicó, solamente 10 de ellos tuvieron una calificación aprobatoria: Tecámac, Atizapán, Lerma, Otumba, Aculco, Chiautla, Acambay, Papalotla, Texcoco y Ecatzingo.
A decir de la ombudsperson mexiquense, estas visitas resultan de gran importancia para verificar la actuación de los jueces, los secretarios, el personal policiaco y muy importante para constatar la situación de las personas que ahí se localizan, mismas que deben recibir un trato digno, apegado a derecho.
Por ejemplo, señaló que en Acolman, "primero, fue complicado que el personal municipal, permitiera el ingreso de la Comisión a sus instalaciones, no obstante que somos una autoridad que tiene competencias para hacer visitas sin previo aviso, luego, una vez que pudieron entrar encontraron a dos personas, una de las cuales estaba ahí desde el día anterior, tenía 19 horas dentro del centro de retención, sin alimentos ni agua, ni le permitieron hacer una llamada y su familia no había sido avisada de la detención".
Los hechos, dijo, fueron por una riña, lo denunció una mujer, al parecer su pareja sentimental, pero eso no le resta como persona la posibilidad de ejercer sus derechos como el debido proceso, la garantía de audiencia, de modo que se tiene que fijar, de acuerdo con la conducta descrita en la Ley, la sanción que amerita e incluso alguna medida como el trabajo comunitario o una ayuda terapéutica, algún otro trabajo que permita la reinserción para que no sea un tema recurrente.
Finalmente, detalló que estas acciones se realizan para verificar instalaciones, procedimientos expedientes, evaluar el grado de implementación de la norma y garantizar que los procedimientos en la materia se realicen con apego a la legalidad y los derechos humanos, todo lo cual permitió establecer un diagnóstico integral que identifica áreas de oportunidad, fortalezas y retos, para la consolidación de un modelo de justicia que priorice el debido procedimiento, la resolución pacífica de conflictos, medidas restaurativas y que descriminalice a las personas infractoras, para construir entornos pacíficos de convivencia social.
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