Estado de México
La voz del sector empresarial debe considerarse como uno de los puntos fundamentales en el análisis y la eventual aprobación de la Iniciativa de Ley para la reducción de la jornada laboral, con el fin de que se convierta en un círculo de valor, mejorando la calidad de vida de los trabajadores, pero que al mismo tiempo impacte positivamente en temas de productividad y desarrollo para el país.
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Mauricio Massud Martínez, presidente del Consejo de Cámaras y Asociaciones Empresariales del Estado de México, señaló que el arranque, este lunes, de al menos nueve foros de discusión en torno a esta iniciativa será un punto fundamental para garantizar su efectividad en el mediano y largo plazo. Por lo cual, el sector continuará insistiendo en tres condiciones básicas para su implementación: gradualidad, aplicación de manera sectorial, y la generación de incentivos que permitan que las micro y pequeñas empresas puedan mantenerse competitivas ante los impactos económicos que esta reforma implica.
“Hasta el momento, se han presentado al menos seis iniciativas distintas relacionadas con la reducción de la jornada laboral, por lo que creemos que es una reforma que no tiene marcha atrás. Sin embargo, la manera en la que se aplique será determinante para que sus efectos sean positivos o negativos. En este aspecto, es fundamental hacerlo de manera escalonada, de acuerdo a las necesidades de cada uno de los sectores”.
Refirió que las industrias tienen requerimientos en tiempos, jornadas y entregas muy diferentes a los puestos administrativos e incluso a las necesidades del sector gubernamental. Por lo tanto, se deben analizar casos particulares por ramas productivas y establecer periodos de prueba acorde a estas condiciones, los cuales no pueden ser menores a 18 meses. Así, su entrada en vigor podría ser incluso diferida.
Otro de los puntos que debe ser considerado es el riesgo de que un mayor número de personas pase a la informalidad si no se cuenta con los candados necesarios para que las empresas no tengan una carga social adicional, o que la contratación de más trabajadores para cubrir los tiempos vacíos impacte de manera significativa en sus finanzas.
Explicó que, al momento, el tema de la informalidad laboral ya afecta a una parte considerable de la población, que se encuentra desprotegida al no contar con ningún tipo de seguridad social, una posibilidad de jubilación e incluso los accesos básicos al sistema de salud.
Cabe señalar que, a lo largo del último año, la tasa de informalidad laboral, de acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, se elevó de manera considerable hasta alcanzar el 54.6% de la población ocupada en puestos informales, lo que representa a 32.8 millones de personas en el país.
A pesar de que se ha presumido constantemente la generación de nuevas fuentes de empleo, Massud Martínez recordó que solo en noviembre se crearon 134,609 empleos en el país, pero todos eran informales. Por lo tanto, se deben prever las condiciones para que las empresas que actualmente aportan fiscalmente sigan teniendo las condiciones de competitividad y desarrollo necesarias para mantenerse como aportantes permanentes a la economía nacional.
El presidente de los empresarios en el Estado de México señaló que se reconoce la apertura mostrada para escuchar a los diferentes actores de la población en la discusión de esta iniciativa de reforma. Por lo que se espera también haya sensibilidad desde el legislativo para integrar las propuestas del sector económico en la última versión que será discutida en el Congreso y que eventualmente podría ser aplicada a partir del siguiente año.
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