Toluca/Estado de México
El Poder Judicial del Estado de México (PJEdoméx) instaló este jueves el Observatorio de Justicia para los pueblos originarios y comunidades afrodescendientes, como parte de su Declaratoria de Justicia Abierta.
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Se destacó que esta acción se enmarca en los compromisos adoptados por la institución para promover un sistema judicial incluyente, con enfoque intercultural y de respeto a los derechos colectivos.
Durante la ceremonia de instalación, el magistrado presidente del PJEdoméx, Fernando Díaz Juárez, sostuvo que la creación del observatorio responde al cumplimiento del cuarto compromiso de la declaratoria firmada en febrero de 2025, así como a diversas estrategias contenidas en su plan institucional de desarrollo.
"El acceso a la justicia no puede ser más un privilegio, es un derecho que debe ser garantizado con imparcialidad, sensibilidad y perspectiva", afirmó Díaz Juárez.
Agregó que el nuevo organismo representa "acciones con implicaciones estructurales que buscan transformar desde sus cimientos la forma en que concebimos la justicia en un Estado de conformación pluricultural".
Entre las líneas de acción del observatorio, detalló que se impulsará el acceso a la información en lenguas indígenas, la traducción de documentos, la inclusión de intérpretes en audiencias, así como la generación de mesas de diálogo con líderes comunitarios y especialistas culturales.
El consejero de la Judicatura, Mario Eduardo Navarro Cabral, explicó que el observatorio fue diseñado como una plataforma institucional de interlocución efectiva, basada en el diálogo con las comunidades indígenas y afrodescendientes del Estado de México.
"Este observatorio debe entenderse como una apuesta institucional de carácter político-jurídico, con capacidad efectiva para incidir y provocar cambios estructurales dentro del sistema de justicia, superando cualquier intención que sea meramente simbólica", sostuvo Navarro Cabral.
Informó que el organismo sesionará en pleno tres veces al año, podrá convocar a sesiones extraordinarias y permitir la participación con voz, pero sin voto, de personas expertas, representantes comunitarios, académicos, organizaciones civiles y defensoras de derechos humanos.
Todo ello, dijo, con base en los principios de inclusión, pertenencia cultural, paridad y colaboración interinstitucional.
También explicó que el observatorio está integrado por representantes del Poder Judicial, instituciones académicas como la Universidad Intercultural del Estado de México, organizaciones indígenas y afrodescendientes, así como colegios y barras de abogacía.
Por su parte, Peter Sharp Vargas, miembro de la Red Internacional de Justicia Abierta, reconoció la instalación del observatorio como una medida inédita en el ámbito judicial a nivel global.
"Es el primer poder judicial del mundo en crear un observatorio de grupos originarios y pueblos afrodescendientes", subrayó Sharp, quien también participó en la firma de la declaratoria de Justicia Abierta en febrero pasado.
El especialista recordó que en México existen 68 pueblos originarios y más de 2.5 millones de personas que se reconocen como descendientes de comunidades afrodescendientes, lo que, dijo, obliga a crear condiciones judiciales basadas en la pluralidad cultural y lingüística.
"Hoy se cumple un compromiso. Esto no es solo un acto administrativo; es un ejercicio que permite actuar como comunidad. Este observatorio es un ejemplo de cómo la justicia puede poner en el centro a las personas", afirmó el especialista.
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