Toluca / Estado de México
México registró 214 nuevos casos de sustracción internacional que afectaron a 284 niñas, niños y adolescentes en un periodo de nueve meses, problemática que ha llevado a autoridades judiciales y especialistas a plantear una mayor coordinación entre tribunales, gobiernos y redes internacionales para agilizar los procedimientos de restitución.
Durante la Capacitación Especializada sobre Sustracción Internacional de Niños, desarrollada este 28 de septiembre en la Escuela Judicial del Estado de México, Héctor Macedo García, presidente del Tribunal Superior de Justicia estatal, señaló que la entidad concentra una proporción importante de los casos registrados en el país, aunque aclaró que no dispone de una cifra estatal precisa y estimó que podrían representar entre 15 y 20% de alrededor de 600 asuntos que actualmente identifica a escala nacional.
“Lo que tenemos ahorita son 600 casos a nivel nacional, de esos probablemente sea entre el 15 y el 20% del Estado de México aproximadamente”.
Explicó que estos procedimientos no resuelven de fondo la guarda y custodia, sino que determinan si el menor debe regresar al país donde tenía su residencia habitual para que ahí se resuelva la controversia familiar, además planteó fortalecer la especialización de los jueces federales que conocen amparos relacionados con este tipo de asuntos.
“La idea es regresarlos a su domicilio habitual con las excepciones que marca la Convención de La Haya, porque aquí no se resuelve la guarda y custodia definitiva, sino que se aplica un mecanismo internacional que obliga a revisar dónde debe dirimirse el conflicto”.
Poder Judicial del Edoméx busca agilizar procedimientos
Fernando Díaz Juárez, presidente del Órgano de Administración Judicial del Poder Judicial mexiquense, sostuvo que uno de los principales retos consiste en reducir los tiempos procesales cuando una niña, niño o adolescente es trasladado o retenido fuera de su residencia habitual, para lo cual consideró necesaria una coordinación directa entre tribunales, autoridades centrales, fiscalías y redes consulares.
“Esta capacitación especializada no es un ejercicio meramente teórico o un acto meramente formal, es una herramienta de urgencia procesal que le servirá a nuestras juezas y jueces para acortar tiempos de respuesta procesal y evitar que se alarguen procedimientos que pongan en riesgo o afecten los derechos humanos de las infancias o su dignidad”.
La cooperación judicial tiene como base el Convenio de La Haya de 1980 sobre los Aspectos Civiles de la Sustracción Internacional de Menores, instrumento que establece mecanismos para solicitar el retorno de niñas, niños y adolescentes trasladados o retenidos de manera ilícita fuera del país donde tenían su residencia habitual.
Ignacio Goicoechea, representante de la Oficina Regional para América Latina y el Caribe de la Conferencia de La Haya de Derecho Internacional Privado, planteó reactivar la Red Mexicana de Cooperación Judicial para la Protección de la Niñez y fortalecer la concentración de competencias en órganos especializados, mecanismo que ya opera en el Estado de México.
“El relanzamiento de la Red Mexicana de Cooperación Judicial para la Protección de la Niñez resulta vital para la optimización del funcionamiento del convenio de la Conferencia de La Haya en México”.
Se destacó que esta capacitación forma parte del intento por retomar la coordinación judicial nacional que comenzó hace más de una década y perdió continuidad durante la pandemia, con la finalidad de homologar criterios, reducir demoras y evitar que las diferencias entre tribunales afecten la restitución de niñas, niños y adolescentes cuando una controversia familiar rebasa las fronteras nacionales.
Datos:
¿Qué establece el Convenio de La Haya sobre sustracción de menores?
Establece mecanismos de cooperación internacional para solicitar el retorno de niñas, niños y adolescentes trasladados o retenidos ilícitamente fuera de su lugar de residencia habitual.
¿Qué consecuencias tiene la sustracción internacional de un menor?
Puede iniciar un procedimiento internacional de restitución. Este proceso no decide de manera definitiva la guarda y custodia, sino que busca determinar el retorno al lugar de residencia habitual, conforme al convenio y sus excepciones.
¿Qué beneficio tendrán las familias con una mayor coordinación judicial?
Se busca reducir los tiempos de respuesta, homologar criterios y evitar demoras que puedan afectar los derechos y la dignidad de niñas, niños y adolescentes involucrados en controversias familiares internacionales.
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