Toluca/Estado de México
El secretario de Movilidad del Estado de México, Raymundo Martínez Carbajal, advirtió que de retirar la Gaceta del 20 de Marzo, donde fue publicada este año la normatividad para el ordenamiento de los prestadores del servicio de transporte público, dejaría a los usuarios en la “indefensión total”, pues no habrá forma de corroborar quiénes son los operadores y sus unidades no estarán obligadas a estar en buen estado.
El martes pasado, el diputado Javier González ingresó una iniciativa para reformar el artículo 7.3 del Código Administrativo, que entre otros aspectos, prevé cancelar los operativos de retiro de unidades que incumplen la norma, abrir la adquisición de cámaras de videovigilancia y GPS a otros proveedores, pues actualmente se encuentra ceñido a 14 empresas que presentaron su certificación para conectarse al C5, además permitir la venta o herencia de las concesiones entre particulares.
Martínez Carbajal, recordó que la Ley de Movilidad publicada a principios de este año tiene como espíritu regularizar la prestación del servicio, que es concesionado por el estado y de la que se benefician hasta 168 mil empresarios, de los cuales 76 mil permanecen en la irregularidad.
Detalló que en días pasados se reunió con los integrantes de la Comisión de Transporte, aunque el único ausente fue el diputado petista, Javier González, por lo que no pudo conocer los plazos en que los transportistas podrán regularizarse, sin ser retirados de manera inmediata de las calles.
“Creo que esta propuesta es el punto de vista de un grupo parlamentario, tengo la firme convicción de que el presidente de la Comisión, Nazario Gutiérrez, tiene una visión distinta; sin embargo, tendré que regresar a explicar a los legisladores para exponer lo que dio origen a la Gaceta, que es un documento legal”, afirmó.
El secretario argumentó que el instrumento jurídico que obliga al ordenamiento del servicio está bien fundamentado y la muestra es que en 13 ocasiones, los amparos fueron sobreseídos, además tiene como centro políticas progresivas que se aplican con base en las capacidades de los operadores, los concesionarios y el gobierno estatal.
