Toluca
Luz María Gómez, presidenta del Movimiento Ecologista del Estado de México (MEEM), aseguró que la falta de protocolos para la disposición final de los escombros de las viviendas, templos, edificios y escuelas, afectadas por el sismo del 19 de septiembre, generarán graves daños ambientales.
Explicó que el desastre natural puso en evidencia la falta de protocolos y programas de prevención, en este tipo de situaciones, “porque comienzan a surgir las irregularidades en las construcciones, también sobre la carencia de normatividad estatal y municipal”.
Precisó que los representantes de la sociedad civil desconocen si existe algún sitio para el confinamiento específico de los escombros, pero a partir de la experiencia sobre la carencia de rellenos sanitarios, sino tiraderos a cielo abierto, “el asunto se ve complicado, porque no hay ninguna seguridad, primero, para movilizar todo el material y, segundo, sobre confinamientos regionales, no sólo municipales, para el cascajo”.
“Es una situación que evidencia la falta de aplicación de normas, porque desde 2003 existe una norma sobre manejo de desechos sólidos y ahí se hace la división entre los domésticos que no causan problemas y se pueden usar para composta; los municipales, entre los que pueden clasificarse los ladrillos o bardas derruidas, una casa y los tóxicos, sí requieren un espacio asignado por su peligrosidad”.
Actualmente, los escombros se presume que podrían ir a dar a una barranca o vado; el problema es que ambos sirven para captación natural de agua o filtración de líquido; sin embargo, al arrojarlos en esos espacios genera problemas que estallarán con el tiempo porque, al bloquearlos, lo que van a crear es que la próxima temporada de lluvias se conviertan en motivo de inundaciones.
La ambientalista afirmó que en medio de la emergencia es un arreglo cosmético retirar los escombros y lanzarlos a un sitio, pero no hay coordinación ni reglamentos aplicados que principalmente deberían depender de Protección Civil estatal, Secretaría de Desarrollo Urbano y los municipios, en donde estipulen los terrenos que bajo estudio previo puedan ser usados para almacenamiento de esos materiales.
