Toluca/Estado de México
Gilberto Sauza Martínez, presidente del Consejo de Cámaras y Asociaciones Empresariales del Estado de México (Concaem), aseguró que a los altos índices de informalidad que prevalecen en el país se suman las más de nueve millones de facturas apócrifas que se han podido detectar desde el Servicio de Administración Tributaria y las empresas "fantasma" que operan con obvia intención de desfalcar a la autoridad.
Por tal razón el sector empresarial mexiquense respaldó las acciones en torno al fortalecimiento de la cultura de la legalidad y de incrementar la base gravable que actualmente tiene el país, lo que tiene la finalidad de evitar el robo de recursos públicos, el lavado de dinero e incluso el uso de recursos para fortalecer al narcotráfico y otras actividades criminales.
Sin embargo, resaltó que ninguna acción basada en la legalidad y el Estado de Derecho puede pasar por encima del debido proceso, ni violar las garantías individuales.
“El empresariado siempre estará a favor de que seamos más los que pagamos y que seamos más quienes hagamos crecer al país, pero la propuesta de catalogar como crimen organizado este delito y que el proceso se siga en prisión, es algo que merece un análisis más profundo, estamos dejando de lado el principio de presunción de inocencia”.
Calificó como grave esta situación ya que de acuerdo con los datos de la Secretaria de Hacienda este tipo de delitos puede llegar a representar hasta el 1.6 por ciento del Producto Interno Bruto en perdidas, pero a la par deben analizarse las repercusiones que esta medida podría traer en la llegada de inversiones al país.
“Queremos que México se perciba como un lugar amigable a la llegada de proyectos e inversiones, queremos que vengan capitales extranjeros, pero no se si la forma en que se está planteando envíe ese mensaje... podríamos estar detonando fuga de capitales si los inversionistas no sienten sus empresas seguras y se sienten susceptibles de ser detenidos sin fundamento”.
Indicó que es necesario combatir este cómo cualquier otro delito que ha afectado las arcas públicas, pero se deben cuidar las formas y respetar el estado de derecho o de lo contrario el costo económico para el país y la población podría ser muy elevado.
