Toluca/Estado de México
Jorge Rello, vicepresidente de Educación de la Confederación de Cámaras del Estado de México (Concaem) informó que 2 mil instituciones de educación privada en la entidad corren el riesgo de quebrar debido a que el próximo ciclo escolar iniciará de manera virtual en el mes de agosto, como lo anunció la Secretaría de Educación Pública (SEP).
Recordó que el Estado de México es el que tiene el mayor número de instituciones de educación privada con 12.76% del total nacional, en donde brindan empleo a más de 60 mil docentes.
Mientras que en el país son más de 48 mil instituciones privadas, con 12 mil instituciones en números rojos, que albergan en total a más de 5 millones de alumnos y más de 400 mil docentes.
En conferencia indicó que para este sector de la educación, subsistir no ha sido sencillo, pues a raíz de la cuarentena y los despidos que trajo como consecuencia, hasta 25% de los padres de familia solicitaron prórrogas para pagar la colegiatura, además han reflejado una baja de alumnos, porque en el nivel medio superior y superior muchos jóvenes debieron asumir el rol de proveedores en sus hogares.
Expresó que 25% del total de las instituciones privadas en el país y en territorio mexiquense atraviesan por adversidades financieras que los podrían llevar a cerrar antes del inicio del ciclo escolar y, señaló que los docentes deberán intercambiar los gastos que tenían de transporte y gasolina para aumentar el ancho de banda en casa, más cuando toda la familia hace teletrabajo.
Pues pese a las adversidades financieras, durante los últimos meses las instituciones invirtieron en capacitación de docentes para poder seguir los clases a distancia, en medidas de desinfección y control para evitar el contagio entre alumnos y profesores, lo cual significa una inversión que va desde los 2 mil 500 a los 500 mil pesos dependiendo del tamaño de la escuela y las herramientas implementadas.
A lo anterior, dijo, es importante sumar que pese a la suspensión del ciclo pasado, las escuelas continuaron pagando nóminas, servicios de internet, energía eléctrica, agua y los derechos ante las instituciones gubernamentales.
