Toluca/Estado de México
A seis meses de que la Organización Mundial de la Salud (OMS) declarara la pandemia por el virus SARS-CoV-2, la emergencia sanitaria continúa, por lo que el ombudsman mexiquense Jorge Olvera García ha reiterado el llamado a las autoridades municipales para atender las recomendaciones generales 1/2020 y 2/2020, relacionadas con el respeto a los derechos humanos durante la aplicación de medidas sanitarias y el uso del cubrebocas, emitidas por la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México (Codhem).
Asimismo, señaló la importancia de seguir impulsando de forma prioritaria las acciones preventivas e informativas de sensibilización dirigidas especialmente a los grupos vulnerables para salvaguardar los derechos a la protección de la salud y a la vida.
En entrevista a distancia, Olvera García informó que menos de la mitad de los 125 municipios mexiquenses han aceptado las recomendaciones emitidas por la Codhem en mayo y junio respectivamente, en las que se consideran acciones con perspectiva de derechos humanos.
En el caso de la Recomendación General 1/2020 sobre la atención a la pandemia por COVID-19, con la adhesión de los Ayuntamientos de Papalotla, Coacalco, Ixtapaluca, Naucalpan, Acolman, Tequixquiac, Cocotitlán y Amecameca, suman ya 56 de los 125 municipios mexiquenses que han implementado acciones y programas de acuerdo a la solicitud de la Codhem.
Mientras que en el caso de la Recomendación General 2/2020 sobre el uso del cubrebocas para garantizar el Derecho a la Protección de la Salud frente al COVID-19, con los Ayuntamientos de Coacalco, Acolman, Ixtapaluca, Naucalpan, Tequixquiac, Cocotitlán y Amecameca, son 51 los municipios que la han aceptado.
Al considerar que en la entidad y en el país continúan los decesos por esa enfermedad, llamó a intensificar la sensibilización de la población sobre el riesgo que representa salir a la calle sin cubrebocas y sin mantener una distancia mínima de metro y medio, ya que es en las áreas públicas donde cualquier persona con o sin síntomas de COVID-19 puede ser transmisor.
Olvera García expuso que al prever la continuación de la pandemia, autoridades federales acordaron criterios en materia de administración de recursos humanos que permitirán contener la propagación del COVID-19, manteniendo la política de sana distancia, reducción de la movilidad y en los casos que sea posible, privilegiar el trabajo a distancia mediante el uso de tecnologías de la información y las comunicaciones, y si no es factible esa medida, acudir en días y horarios escalonados en concordancia con las recomendaciones de la Secretaría de Salud.
Finalmente dijo que el derecho humano a la salud es un derecho económico, social, cultural y ambiental (DESCA) que debe ser garantizado, al ser fundamental e indispensable para el ejercicio de los demás derechos humanos, por tanto, es indispensable que las autoridades municipales que son el primer contacto con la ciudadanía, se involucren y establezcan medidas que permitirán salvar la vida de muchas personas.
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