Toluca/Estado de México
Por un conflicto de intereses en la construcción de la carretera Panamericana, en el tramo de la autopista Toluca-Atlacomulco, propietarios de los ejidos de la región norte, invadidos por la vialidad, tomaron la caseta de El Dorado, en dirección hacia Atlacomulco.
Edith Gómez Cecilio, una de las representantes informó que pese a la solicitud ante las autoridades tanto estatales como federales para conformar mesas de diálogo, a la fecha la respuesta fue “raquítica” por parte del Sistema de Autopistas, Aeropuertos, Servicios Conexos y Auxiliares del Estado de México (SAASCAEM).
Afirmó que son casi 3 millones de habitantes de la región perjudicados, además de entre seis y ocho millones de habitantes perjudicados contando a los automovilistas y transportistas que deben emplear esta carretera. Sin embargo, son cerca de 600 mil habitantes directamente perjudicados con la ocupación de sus predios, pues por ejemplo la carretera atraviesa por Jocotitlán, pero en Ixtlahuaca cerca de 70 mil habitantes que para poder ingresar a su comunidad deben usar un retorno donde al año hay entre 25 y 30 accidentes, la mayoría dátales.
Insistió en que esta vialidad es utilizada por miles de ciudadanos mexiquenses, un bien de la nación que fue privatizado y aseguró que esta protesta es la demostración de que van a seguir peleando por su territorio.
“Le hacemos un llamado definitivo al gobierno del Estado para que regrese la carretera, que reconozca que históricamente hicieron mal las cosas, reprimiendo a los ciudadanos que hoy están despertando y organizando que no van a dejar de luchar porque la carretera sea libre.
Explicó que dicho tramo lo administra Banobras; sin embargo, el expediente de la obra en cuestión, señala que lo administra un fideicomiso privado.
“El conflicto es que la carretera Panamericana fue construida en los años 30 a raíz de un tratado internacional, donde los países acordaron construir una carretera donde le dieran significado de paz y armonía, por lo que fue construida con recursos de diversas naciones y los ejidos ocupados fueron donados por las comunidades pues les traería modernización y conectividad a los habitantes de la región”.
Además, dentro del tratado el acuerdo fue que sería libre, pero en los años 80 y 90, el gobierno federal cedió los derechos al gobierno mexiquense, quien a su vez la concesionó a empresas privadas.
Para el año de 1997, surgió el movimiento ciudadano de la zona norte del Edomex, en especial compuesta por los dueños de los predios donados, quienes reclamaron la privatización y toman acciones, a raíz de las que hubo varios “presos políticos, represalias, hostigamiento y amanezca”, tiempo en el que se logró dar pases para transitar por la carretera libremente a quienes demostrarán legítimamente su habitación.
Recordó que además, la vía ocupa 40 metros más de lo donado, es decir, invade predios que son propiedad de los ejidatarios sin indemnización a la totalidad de los involucrados, pues la mayoría pidió una carretera libre.
