Toluca
“En México había una sistematización de la corrupción, no eran hechos aislados, pero por eso también la respuesta institucional, legal y constitucional; fue un sistema para abatir la corrupción, prevenirla y sancionarla, y ahora nos corresponde a todos ir generando esa nueva cultura y no tolerar los actos de corrupción”, afirmó la magistrada Myrna García Morón, presidenta del Tribunal de Justicia Administrativa.
Por su parte, el secretario de la Contraloria dijo que sólo cuatro entidades, entre ellas el Estado de México, han cumplido con la Reforma Constitucional, con la Reforma Legal, la instalación del Comité Coordinador y la integración del Comité de Participación Ciudadana, “Es algo que refleja el compromiso de los mexiquenses para llevar a cabo el cumplimiento de lo que mandata la Constitución y ejecuta también la Reforma Constitucional de abril en la entidad y las leyes reglamentadas de julio”.
El contralor estatal, Sergio Vargas Zenpoaltécatl, en la conmemoración del Día Internacional Contra La Corrupción, explicó que con la reforma que entró en vigor el 19 de julio se transforma el anterior Tribunal de Lo Contencioso Administrativo y se convierte en Tribunal de Justicia Administrativa,
Dijo que no sólo es un cambio de denominación, pues también se le da un empoderamiento a la ciudadanía que participa y pasa a formar parte del Sistema Nacional Anticorrupción, “nuevo esquema en el cual de manera articulada participan todos los órganos de gobierno y la ciudadanía a través de diferentes figuras; para su funcionamiento existe un sistema de órganos colegiados encabezados por el comité coordinador y el comité de participación ciudadana”.
Por su parte, la magistrada Myrna García Morón, presidenta del Tribunal de Justicia Administrativa, destacó la “extraordinaria conformación” en los perfiles de quienes integran la sección especializada en las salas regionales: “Los perfiles de probada capacidad técnica, pero sobre todo en los valores que conforman a quienes fueron designados magistrados en este procedimiento, nos hacen tener muy buenos augurios de que esto va a funcionar muy bien”.
Dijo que serán ellos los que en forma colegiada tomen la última decisión de lo que haga la sala regional (los últimos decisorios de esas determinaciones).
El magistrado Baruch Delgado Carbajal advirtió que el fenómeno de la corrupción está socavando a las instituciones públicas y está debilitando el Estado democrático y el desarrollo económico, social y cultural de los pueblos y es por ello que se generaran reformas constitucionales y legales en el país”.
Agregó que transparentar la función pública es fundamental en la lucha contra la corrupción, que tenga la posibilidad el ciudadano de exigirle a todas las instituciones que den a conocer cómo ejercen el presupuesto anual que autoriza el congreso local.
En su intervención, el magistrado Cesar de Jesús Molina Suárez, titular de la Séptima Sala Regional de Toluca, explicó los aspectos relevantes y novedosos de la nueva ley de responsabilidades:
“Anteriormente cada Estado de la República tenía su propia ley de responsabilidades administrativas y sólo los servidores públicos eran sujetos de éstas; hoy también los ciudadanos, en un acto de corrupción, eso es parte de lo que se pretende erradicar”.
Dijo que antes, el órgano interno de control, era el que investigaba, sancionaba, sustanciaba el procedimiento y que ahora se ha avanzado en establecer faltas administrativas graves que le corresponden al Tribunal de Justicia Administrativa.
Agregó que la nueva ley considera el principio de presunción de inocencia, principio de la verdad material, el principio de respeto a los derechos humanos.
Explicó que el servidor público debe ser tratado, tanto por la vía administrativa como por la penal, en la vía penal la sanción más grave es la privativa de la libertad.
Molina Suárez comentó algunos de los proyectos que tiene el tribunal para complementar estas nuevas disposiciones del sistema; entre ellos, analizar el perfil psicológico del servidor público corrupto, para detectar y prevenir actos de corrupción, proponer una regeneración para aquellas personas que han sido sancionadas y, plantear la posibilidad de que el Tribunal de Justicia Administrativa, tenga la facultad de presentar iniciativas de leyes en la materia que nos corresponde ante el Congreso del Estado.
Aseguró que la intención del legislador en este nuevo sistema que se complementa con el sistema nacional, con el sistema estatal, con la participación de la ciudadanía, con el Tribunal, es un avance para erradicar este mal.
