Toluca/Estado de México
“Nada sin los pueblos indígenas, todo con los pueblos indígenas” fue la frase que resumió las propuestas en el Foro Estatal "Pueblos Indígenas y Afromexicanos, Políticas Públicas y Reforma Institucional".
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La presidenta de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México (CODHEM), Myrna Araceli García Morón, destacó que el reconocimiento jurídico de las comunidades y pueblos originarios sigue siendo una tarea pendiente, ya que existe una brecha significativa entre las leyes y su implementación efectiva.
Las comunidades continúan enfrentando discriminación, exclusión, y el despojo de sus tierras, recursos y derechos fundamentales.
Durante el foro, realizado en coordinación con el Colectivo Intercultural de Pueblos Indígenas del Estado de México, y con la participación de jefes supremos mexiquenses y representantes de personas afromexiquenses, García Morón subrayó que en México existen 68 pueblos originarios, con más de 364 lenguas indígenas, y que 23.2 millones de personas se identifican como indígenas, lo que representa el 19.4% de la población mexicana.
García Morón también abordó los diferentes tipos de violencia que sufren las mujeres indígenas y la pobreza en la que vive una de cada cuatro personas de estos pueblos.
Afirmó que no se ha saldado la deuda histórica con estas comunidades, y señaló que un elemento esencial que deben atender tanto el Estado Mexicano como el Estado Mexiquense es el acceso efectivo y pleno a la justicia en dos dimensiones fundamentales:
- A través de sistemas tradicionales o jurisdicción indígena, que permitan resolver conflictos sociales en sus territorios ancestrales, respetando los principios del debido proceso y el derecho a una defensa, según lo estipulado por sus normas internas, leyes nacionales y los instrumentos internacionales de Derechos Humanos.
- Desde el punto de vista formal, garantizando derechos específicos como una defensa adecuada que incluya intérpretes, traductores, peritos y abogados especializados.
García Morón recordó que, posiblemente en 2027, se consolidará la Reforma de Justicia en el Estado de México. Por tanto, un desafío para la próxima Legislatura será contar con mediadores, defensores públicos, notarias y notarios, juezas y jueces, magistradas y magistrados, que integren las estructuras administrativas institucionales con convocatorias específicas para personas de pueblos y comunidades indígenas.
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