Zinacantepec/Estado de México
Un grupo de padres de familia de la primaria Emiliano Zapata, ubicada en Zinacantepec, acusó que fueron víctimas de abuso de confianza en la gestión de 600 mil pesos que serían destinados a la construcción de una techumbre en el patio de este plantel.
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De acuerdo con el testimonio de madres inconformes, este monto, asignado mediante el programa federal "La Escuela es Nuestra", debía emplearse en la edificación de una estructura que protegiera a los alumnos de las inclemencias del tiempo durante su estancia en el patio escolar.
"El problema fue que el recurso asignado por parte de "la Escuela es Nuestra", de 600 mil pesos, para por lo cual se hizo un comité para canalizar este recurso con el fin de que los niños tuvieran una techumbre. El recurso llegó en agosto del año pasado, pero para diciembre la señora Serrano Martínez vació la cuenta donde fue depositado este dinero y se inició una investigación", relató una de las madres de familia.
Sin embargo, el proyecto no se realizó y hoy en día representa un riesgo para la comunidad estudiantil, compuesta por 571 estudiantes.
Según declaraciones de Elizabeth Gómez y Marlene Hernández, madres afectadas, la persona que fungió como tesorera del comité responsable del recurso, Carolina Serrano Martínez, presuntamente vació la cuenta bancaria donde fue depositado el dinero, sacó a sus hijas de esta escuela y trato de esconderse, pero fue denunciada a las autoridades, por lo que se comprometió a subsanar la falta ejecutando la obra.
Pero la construcción de la estructura la hizo un familiar de Serrano Martínez, cuyo diseño y materiales no cumplieron con los estándares de seguridad, por lo tanto, autoridades de Protección Civil determinaron suspender las clases por el riesgo para los menores.
"Se hicieron demandas y un familiar de esta persona quedó muy formal en realizar la estructura y la techumbre, pero lo hizo muy mal, con material muy delgado y deficiente que no cumple con las medidas necesarias para que los niños estén sin riesgo, lo cual afectó a los niños que tuvieron que dejar de ir a clases durante dos semanas", externó.
De acuerdo con los testimonios, el caso fue denunciado ante la Fiscalía de Zinacantepec el año pasado; sin embargo, la imputada fue liberada poco después, y el avance judicial ha sido mínimo.
Mientras tanto, los padres de familia deben ir cada lunes a la institución a recoger las tareas que sus hijos harán durante la semana y se han visto obligados a estudiar desde casa.
Asimismo, los padres deberán cubrir un gasto superior a 20 mil pesos para desmontar la estructura insegura y permitir el reinicio de clases en condiciones seguras.
"Es una injusticia que una sola persona esté afectando a más de 500 alumnos", comentó Marlene Hernández, al tiempo que pidió a las autoridades educativas estatales intervenir en el caso.
Los padres exigen que el gobierno estatal y la Secretaría de Educación tomen cartas en el asunto para garantizar que el presupuesto asignado se use debidamente y se establezcan sanciones firmes contra los responsables.
