Toluca/Estado de México
El rector de la Universidad Autónoma del Estado de México (UAEMéx), Alfredo Barrera Baca rechazó que hayan recibido notificaciones sobre los procedimientos de sanción en contra de funcionarios de la institución involucrados en el presunto desvío de recursos federales detectados en las cuentas públicas de 2014, 2015 y 2016 a través de convenios firmados con la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol).
La UAEMéx es una de las dos universidades que en 2013 firmó convenios con la Sedesol y que la Auditoría Superior de la Federación (ASF) calificó como irregulares, por servicios para los cuales las instituciones subcontrataron a particulares, pero nunca fueron cumplidos, según lo detectó la Auditoría Superior de Fiscalización (ASF) y que anunció la presente semana haber interpuesto procedimientos de sanción contra 72 personas y empresas, entre ellos 63 funcionarios y exfuncionarios de la dependencia federal, así como otra universidad pública, aparte de la UAEMéx.
Barrera Baca dijo que no tienen ninguna comunicación oficial por parte de la ASF que informe sobre alguna sanción administrativa ni judicial, pese a que la Ley de Fiscalización en el artículo 33 señala que tiene 120 días para informar al ente fiscalizado sobre la respuesta que dio la Universidad para la solventación de las observaciones recibidas.
Es decir, aclaró, que el plazo venció porque son cuentas públicas de hace cuatro años, un lapso superior a lo que estipula la ley sobre el margen que tiene la autoridad para notificar al ente fiscalizado sobre la presunta responsabilidad en la que incurrió.
“La Auditoría es la responsable de demostrar la culpabilidad que pudimos haber tenido, pero me parece que es un manejo parcial del asunto. Es una tercera etapa del proceso de la auditoría y con esos resultados preliminares se acusó y juzgó a una institución que tiene una plena credibilidad, además de trabajo honesto e intachable”, puntualizó.
Dijo que son cuentas públicas de dos años y, la UAEMéx lleva 62 años de construída, por lo que aún si hubieran un par de personas involucradas, no representan a la totalidad de los universitarios.
“La Universidad no se opone a la legalidad, a la honestidad, pero que se apegue a los procedimientos legales que señalan las instituciones. La ASF debe señalar el monto de la sanción administrativa, no tengo la cifra de cuánto nos correspondería, lo que pienso es que son especulaciones la cifra total, porque nadie tiene acceso a los documentos en tanto no concluya la investigación”, concluyó.
En 2015, la ASF, en su informe de la Cuenta Pública 2013, precisa que al menos siete universidades fueron favorecidas por dependencias federales a través de contratos directos pese a carecer de capacidad técnica, material y humana para prestar los servicios a que se comprometieron.
La suma de los recursos auditados de esos convenios, informó la ASF, superan los 5 mil 520 millones de pesos y la Universidad Autónoma del Estado de México (UAEM) fue la que obtuvo contratos por el orden de 2 mil millones de pesos.
En los diferentes contratos, la Auditoría detectó que esas universidades públicas tuvieron que subcontratar sin autorización de las dependencias federales a empresas particulares para cumplir con los compromisos contraídos, debido a que no contaban con la capacidad material o humana para cumplir el contrato.
