Ciudad de México
Con 335 votos a favor y 108 en contra, la Cámara de Diputados aprobó una reforma al artículo 19 constitucional que amplía los delitos que ameritan prisión preventiva oficiosa.
SCJN avanza en discusión de reforma judicial a pesar de intentos de aplazamiento
La reforma, impulsada por Morena, añade delitos como la extorsión, el contrabando de facturas falsas y el tráfico de fentanilo al catálogo de delitos graves. También se incluyeron actividades relacionadas con el manejo ilegal de precursores y sustancias químicas para la fabricación de drogas sintéticas, como el fentanilo y sus derivados.
El coordinador de Morena, Ricardo Monreal, presentó tres reservas clave que modificaron la propuesta original, excluyendo del dictamen el narcomenudeo y la defraudación fiscal.
Argumentó que el narcomenudeo requiere un enfoque social para atender su impacto en jóvenes y fomentar la paz social, mientras que la defraudación fiscal no debería incluirse como delito grave en este contexto, al considerar que la unidad nacional y una reforma fiscal integral serían alternativas más efectivas para abordar las desigualdades.
Legisladores del PAN, PRI y Movimiento Ciudadano manifestaron su oposición, señalando que la medida es regresiva y podría afectar a personas de bajos recursos, quienes no cuentan con medios para defenderse legalmente.
La prisión preventiva significa cárcel automática para personas pobres, jóvenes y mujeres.
— Laura Ballesteros Mancilla ??? (@LBallesterosM) November 14, 2024
Pedí suspender la votación a la reforma en materia de Prisión Preventiva Oficiosa propuesta por Morena y sus aliados. Esta reforma es regresiva de derechos humanos y agrava el acceso a… pic.twitter.com/0KKsxBj2Mc
Además, advirtieron que organismos internacionales, como la ONU y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, consideran la prisión preventiva oficiosa como una medida que atenta contra los derechos humanos. Según cifras mencionadas por el diputado Paulo Gonzalo Martínez, cerca del 40% de la población penitenciaria en México está en prisión preventiva, sin haber recibido sentencia.
La reforma establece que los jueces deberán aplicar la prisión preventiva de manera literal y prohíbe interpretaciones análogas que permitan inaplicar la medida, asegurando así que quienes cometan estos delitos graves no puedan eludir el encarcelamiento. El dictamen fue enviado al Senado para su discusión y, en su caso, aprobación.
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