Estados Unidos
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, firmará este jueves una orden ejecutiva para imponer sanciones a la Corte Penal Internacional (CPI) en respuesta a sus acciones contra ciudadanos estadounidenses y aliados de Washington, como Israel, según confirmó un funcionario de la Casa Blanca.
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De acuerdo con la agenda oficial, Trump tiene previsto firmar varias órdenes ejecutivas a las 14:30 hora local (19:30 GMT). Aunque el contenido específico de estas órdenes no ha sido revelado, fuentes oficiales indicaron que una de ellas impondrá restricciones financieras y limitaciones en la emisión de visados para individuos de la CPI que colaboren en investigaciones contra ciudadanos estadounidenses o aliados.
La medida llega tras la reunión de Trump con el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, quien enfrenta una orden de arresto de la CPI por presuntos crímenes de guerra y lesa humanidad en la Franja de Gaza. Netanyahu, quien se encuentra de visita en Washington, ha sostenido reuniones con líderes del Congreso y del gobierno estadounidense, incluido el secretario de Defensa, Pete Hegseth.
Esta no es la primera vez que el gobierno de Trump sanciona a la CPI. En 2020, durante su primer mandato, Washington impuso restricciones a la entonces fiscal de la corte, Fatou Bensouda, y a uno de sus principales asesores por la investigación de presuntos crímenes de guerra cometidos por tropas estadounidenses en Afganistán.
La firma de esta orden ejecutiva también se produce después de que la semana pasada los demócratas del Senado bloquearan un intento republicano para sancionar a la CPI en protesta por sus órdenes de arresto contra Netanyahu y su exministro de Defensa, Yoav Gallant, en relación con la ofensiva israelí en Gaza.
La CPI, establecida a través del Estatuto de Roma, es un tribunal internacional con la misión de juzgar crímenes de guerra, lesa humanidad y genocidio. Sin embargo, Estados Unidos, China, Rusia e Israel no forman parte de la corte y no reconocen su jurisdicción.
El tribunal ya ha tomado medidas preventivas ante posibles sanciones de Estados Unidos, como el pago adelantado de salarios por tres meses para mitigar el impacto de restricciones financieras que podrían afectar su operación. En diciembre, la presidenta de la CPI, la jueza Tomoko Akane, advirtió que sanciones de este tipo podrían afectar gravemente las actividades del tribunal y amenazar su existencia.
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