Washington
La Corte Suprema de Estados Unidos falló de manera unánime en contra de la demanda presentada por el gobierno de México contra fabricantes y distribuidores de armas estadounidenses, bloqueando así el intento del país por responsabilizar a estas empresas por la violencia del narcotráfico.
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México interpuso la acción legal en 2021 ante una corte federal en Boston, acusando a once compañías, entre ellas Smith & Wesson, Beretta U.S.A., Colt’s Manufacturing y Glock, de facilitar el tráfico ilegal de armamento hacia los cárteles, mediante prácticas comerciales que calificó de “negligentes e ilícitas”. La demanda solicitaba una indemnización por 10 mil millones de dólares, argumentando que las armas estadounidenses alimentan la violencia criminal en territorio mexicano.
El máximo tribunal estadounidense, a través de una resolución redactada por la jueza Elena Kagan, concluyó que las acusaciones del gobierno mexicano no cumplían con los requisitos para sortear la Ley de Protección del Comercio Legal de Armas (PLCAA), aprobada en 2005. Esta normativa protege a fabricantes y distribuidores de responsabilidad civil por el uso delictivo de sus productos.
La Corte determinó que México no presentó una acusación verosímil que demostrara que las empresas demandadas ayudaron o instigaron directamente el tráfico de armas. Además, señaló que los señalamientos del gobierno mexicano se basaban en prácticas generales de comercialización, sin evidencias concretas que implicaran complicidad directa con grupos criminales.
El gobierno mexicano había sostenido que las compañías diseñaban y promocionaban armas de alto poder específicamente dirigidas al mercado del crimen organizado, y que mantenían redes de distribución que permitían el acceso de estos grupos al armamento. También alegó que más de 500 mil armas cruzan anualmente de forma ilegal hacia México desde Estados Unidos, y que en 2019 estuvieron involucradas en más de 17 mil homicidios dolosos en el país.
Sin embargo, la Corte dio la razón a los fabricantes, quienes argumentaron que responsabilizarlos sentaría un precedente riesgoso para otros sectores de la economía estadounidense. El juez Brett Kavanaugh expresó su preocupación por las posibles consecuencias económicas si se eliminara la inmunidad de estas empresas.
Al respecto, la Secretaría de Relaciones Exteriores expresó su desacuerdo con el fallo y anunció que continuará explorando vías legales y diplomáticas para combatir el tráfico de armas. La decisión no afecta un segundo litigio en curso en Arizona contra cinco distribuidores.
COMUNICADO "México rechaza la decisión emitida por la Suprema Corte de Estados Unidos contra la demanda presentada a fabricantes de armas". https://t.co/xfvt9EvcQ9 pic.twitter.com/n2LXlb0vrL
— Relaciones Exteriores (@SRE_mx) June 5, 2025
Con esta decisión, la Corte Suprema revierte una resolución previa de un tribunal de apelaciones que había reactivado la demanda en enero de 2024. El fallo representa un revés significativo para la estrategia legal internacional del gobierno mexicano y cierra una vía judicial clave en su intento por frenar el tráfico ilegal de armas desde Estados Unidos.
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