Washington D.C.
El gobierno de Estados Unidos, a través del secretario Marco Rubio y su equipo en el Departamento de Estado, estaría ejerciendo presión sobre la administración de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo para que se procese legalmente y, posteriormente, se extradite a políticos y funcionarios mexicanos con presuntos vínculos con el narcotráfico, reveló la agencia Reuters.
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De acuerdo con fuentes consultadas por la casa de noticias, Rubio ha planteado esta petición en al menos tres ocasiones durante encuentros binacionales y reuniones con funcionarios mexicanos durante los primeros meses de 2025.
La presión estaría dirigida principalmente a integrantes del partido Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), al cual pertenece la presidenta Sheinbaum. Según cuatro fuentes con conocimiento directo, cinco funcionarios en activo y un exsenador fueron señalados durante las conversaciones. Entre ellos, destaca la gobernadora de Baja California, Marina del Pilar Ávila, quien denunció que el pasado 11 de mayo le fue cancelada su visa de turista estadounidense, calificando esta acción como “una injusticia”.
Este giro representa un cambio radical en la dinámica bilateral, ya que, según Reuters, la exigencia de Washington rompería una “línea roja” y pondría a prueba la voluntad del nuevo gobierno mexicano.
La primera reunión formal para tratar este tema tuvo lugar el 27 de febrero de 2025, con la participación del canciller mexicano Juan Ramón de la Fuente, el fiscal general Alejandro Gertz Manero, y el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch. Por parte estadounidense estuvieron la fiscal general Pamela Bondi y altos funcionarios de los Departamentos de Justicia, Seguridad Nacional y del Tesoro.
Además de las extradiciones, el gobierno de Donald Trump habría propuesto la creación de un “zar del fentanilo” que mantenga comunicación directa con Sheinbaum para coordinar acciones contra el tráfico de esta droga sintética, causante de una crisis sanitaria en Estados Unidos. También solicitaron intensificar las inspecciones fronterizas a cargamentos y viajeros con destino a territorio estadounidense para frenar el paso de drogas y armas.
Este escenario recuerda el caso del general Salvador Cienfuegos Zepeda, exsecretario de Defensa durante el gobierno de Enrique Peña Nieto, detenido en 2020 por la DEA en Los Ángeles, pero liberado sin juicio tras una crisis diplomática. En febrero de 2025, México extraditó a 29 integrantes de cárteles, el mayor número en años. Sin embargo, perseguir a políticos en funciones podría generar un quiebre en las relaciones bilaterales, dividir al partido gobernante y desafiar la autonomía judicial mexicana.
La Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) rechazó que exista presión de Estados Unidos para procesar a “narcopolíticos”. En un comunicado, la cancillería afirmó:
“Es absolutamente falso que en las reuniones sostenidas con el secretario Rubio o con su equipo del Departamento de Estado, se hayan transmitido solicitudes de investigar, perseguir o extraditar a algún funcionario o funcionaria de México.
Respecto de la nota de prensa publicada por Reuters titulada “Estados Unidos presiona a México para que procese y extradite a políticos con vínculos con cárteles”, la Secretaría de Relaciones Exteriores aclara lo siguiente:
— Relaciones Exteriores (@SRE_mx) June 11, 2025
Tanto la propia Cancillería mexicana como el…
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