Elegir jueces por voto popular fue un cambio radical en la forma de entender la justicia en México, pero la participación ciudadana no debería agotarse en la boleta electoral; la sociedad tiene mucho que aportar también en el día a día del sistema de justicia, y para ello hace falta crear los espacios adecuados.
Imaginemos, por ejemplo, un Comité Ciudadano que funcione como observador permanente del Poder Judicial, trabajando codo a codo con las barras y colegios de abogados. Su tarea sería sencilla de explicar, pero poderosa en sus efectos: organizar mesas de trabajo que midan, con datos reales y no con impresiones, qué tan productivos y efectivos son los juzgados, y detectar con precisión dónde están fallando en servir a quienes buscan justicia.
Las conclusiones de esas mesas no tendrían que quedarse archivadas en un informe que nadie vuelve a leer; podrían llegar directamente al órgano de Administración Judicial o al Tribunal de Disciplina Judicial correspondiente, para convertirse ahí en estrategias concretas de corto, mediano y largo plazo, con responsables claros y fechas de seguimiento.
De esa manera, la sociedad dejaría de ser una simple espectadora de la justicia y pasaría a ser corresponsable de mejorarla, siempre que exista, además, un compromiso institucional real de atender esos diagnósticos y, en la medida de lo posible, implementarlos.
La otra mitad de la ecuación son las propias personas juzgadoras. La reforma no se sostiene si quienes hoy ocupan esos cargos, o aspiran a ellos en el futuro, pierden las ganas de seguir formándose; llegar al cargo por la vía del voto no exime a nadie de la obligación de seguir estudiando, actualizándose y cuestionando su propio criterio.
Esa capacitación debe ir más allá de la teoría jurídica; se necesita práctica constante, ejercicios de argumentación, actualización permanente en criterios jurisprudenciales, cursos de especialización continua y, sobre todo, sensibilidad ante la realidad social, cultural y económica que viven las personas que acuden a los tribunales.
Un juzgador que solo domina la técnica legal, pero desconoce el contexto de quien tiene enfrente, difícilmente podrá impartir una justicia verdaderamente cercana a la gente.
Esa formación social es, quizás, la transformación más difícil de medir con indicadores, pero también la más necesaria: detrás de cada expediente hay una historia, una familia, una comunidad afectada por la decisión que está por tomar.
La reforma judicial de 2024 abrió una puerta histórica que durante décadas pareció imposible de cruzar; ahora depende de construir, día con día, lo que esa puerta prometía: una ciudadanía activa que observe, participe y exija resultados, y unos juzgadores comprometidos genuinamente con su propia formación, tanto técnica como humana.
Ninguno de los dos caminos funciona por separado; la capacitación sin vigilancia ciudadana corre el riesgo de volverse un ejercicio interno sin consecuencias reales; la participación ciudadana sin jueces preparados se queda en un reclamo legítimo, pero sin respuesta efectiva. Solo cuando ambos caminos avanzan al mismo tiempo, la reforma judicial deja de ser una fecha en el calendario para convertirse en lo que realmente debe ser: una justicia mejor, más cercana y más confiable para todas y todos.
En colaboración con Juan José Pulido Rogel.
