El rescate de las instituciones de seguridad social es más que urgente y necesario. Es exasperante llegar con un familiar en estado de gravedad y encontrar que no hay camas, no sirve el equipo de Rayos X, ni la tarjeta “madre” para las tomografías, y ni siquiera pensar en acceder al quirófano en forma inmediata.
Los médicos, enfermeras y enfermeros son insuficientes. No se dan a basto por la cantidad de pacientes que llegan a los nosocomios, la mayoría mayores de 60 años. Pese a ser muy profesionales y cumplir con su misión, es imposible avanzar ante el grave cúmulo de carencias.
Sucede en buena parte de los hospitales y centros de salud del país, sobre todo en los estados con mayor pobreza, pero que actualmente suceda en un hospital de segundo nivel del ISSSTE -como lo es el “Darío Fernández” que en teoría debería estar dotado de infraestructura, medicamentos y personal médico y administrativo suficiente-, refleja el muy crítico estado de inanición de del sistema de salud.
Nada más desalentador para un derechohabiente que esperar un año o más para una cirugía de corazón, o que llegue a urgencias y no exista la infraestructura para salvarle la vida.
Aún es más indignante cuando algunos funcionarios catalogan a los ancianos que abarrotan los hospitales como “enfermo de vejez”, como justificación del deterioro sanitario. Es tanto como creer que por ser un adulto mayor, no hay derecho a recibir un trato digno y humanitario.
El asunto es de la mayor trascendencia si consideramos que para el 2025, 21 por ciento de la población mexicana estará constituida por adultos de más de 60 años, porcentaje que se traduce en alrededor de 32.4 millones de personas que estarán “enfermas de vejez”.
El reto es colosal para el sistema de salud y una verdad inocultable lo que recientemente declaró el secretario de Salud del nuevo régimen, Jorge Alcocer, en el sentido de que estamos ante una “emergencia nacional sanitaria” por el abandono en que se encuentran las instituciones sanitarias del país tras más de 30 años de políticas neoliberales.
Lo padecemos dolorosamente día con día los mexicanos, porque cuesta la vida de nuestros seres queridos.
Por ello, cuando el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, promete garantizar a todos los mexicanos el derecho a la salud y con ello incluir a los cerca de 50 millones de personas excluidas del sistema sanitario, nos preguntamos si no estará generando falsas expectativas que podrían derivar en frustración, irritación social y un ascenso de la derecha.
Es sin duda plausible el anuncio reciente sobre el aumento a los recursos destinados a infraestructura social que el próximo año se elevarán 17 veces con respecto a 2018 -al pasar de 20 millones de pesos a 340 millones de pesos-, y que habrá un aumento de poco más de 652 mil millones de pesos para el sector, según el Presupuesto de Egresos de la Federación 2019.
La cuestión es cómo se utilizarán esos recursos a fin de subsanar tantas carencias y deficiencias que se registran en el país.
Si bien López Obrador precisó que será paulatino el mejoramiento del sector –y no puede ser de otra forma, ante el descomunal deterioro y número creciente de mexicanos que estaremos “enfermos de vejez” en los próximos años-, lo cierto es que es necesario clarificar cómo se logrará la promesa de tener servicios sanitarios como los de Noruega y Canadá, países que ocupan los primeros lugares de bienestar y calidad de vida en el mundo.
¿Será posible que en unos años los más de 120 millones de mexicanos empecemos a tener un sistema sanitario similar al de los países nórdicos (Dinamarca, Finlandia, Noruega, Islandia y Suecia)?
El gobierno amloísta argumenta que con la federalización del sector se combatirá la corrupción y habrá más recursos, sobre todo en tratándose de las licitaciones. Pero, ¿cómo se resolverá que el grueso del presupuesto asignado a las instituciones de seguridad social no lo absorba el pago de las jubilaciones que irán en aumento?
Baste recordar que en noviembre pasado el ex titular del ISSSTE, Florentino Castro, en su comparecencia ante los integrantes de la comisión de Salud en el Senado de la República, advirtió que aunque esa institución recibió el mayor porcentaje de presupuesto del sector (282 mil millones de pesos) en 2018, alrededor de 70 por ciento se destinó al pago de pensiones, mientras que en el IMSS el pago de pensiones supera el de sus ingresos.
Tener clara la reingeniería social es ineludible. Prometer no cuesta nada, pero cumplir a los derechohabientes y a los 50 millones de habitantes por incluir, será el auténtico reto para el gobierno de la Cuarta Transformación.
