Trabajadores despedidos de La Jornada, que habían sido demandados penalmente por los directivos de esa empresa por el simple hecho de defender sus derechos sindicales, dijeron estar felices por el fallo del juez Enrique Juárez Saavedra, quien determinó que el hijo de la secretaria general, Judith Calderón Gómez, Alejandro Caballero Calderón y la trabajadora Maricela Delgado, no tienen responsabilidad en el caso de la huelga laboral del 30 de junio de 2017.
Un diario que aparenta ser de izquierda cometió la osadía, al más puro estilo de una empresa capitalista, de castigar de manera facciosa a los trabajadores afiliados al Sindicato Independiente de Trabajadores de La Jornada (Sitrajor) y violentar sus derechos al desaparecer de manera unilateral su contrato colectivo de trabajo y despedir a los más activos sindicalistas.
Pero fue más allá, lo que pone en duda su verdadera filosofía de izquierda, al demandar a algunos de ellos penalmente, actitud equiparable a un golpe de Estado fascista donde estorba una clase trabajadora combativa y pensante.
Ahora sólo penden dos demandas penales, una contra de quien hasta el momento de su despido era la secretaria general del Sitrajor, Judith Calderón Gómez, y quien era secretario de organización, Leonardo Mondragón. La primera declaró que después de un año cinco meses el juez Juárez Saavedra resolvió que no se les puede vincular ni a Marisela ni a Alejandro (quien no era trabajador ni sindicalizado, sino únicamente hijo de Judith) porque el ministerio público no aportó pruebas de que ellos hubieran cometido una falta.
Todo se relaciona con la huelga del 30 de junio que los trabajadores votaron democráticamente para defender su contrato colectivo, el cual dejó de aplicar la empresa de manera unilateral desde 2017, con lo que dejó de pagar ese año 60 millones de pesos.
Judith Calderón dijo al programa de radio de Ciro Gómez Leyva que al quitarles esta responsabilidad a los ex acusados, queda demostrado que la empresa ha actuado de una manera agresiva, de una manera falsa y ha gastado millones de pesos en abogados y en juicios que “no nos llevan a arreglar el asunto, que es devolver el contrato colectivo a los trabajadores”.
“Nosotros en ese sentido (del fallo) estamos muy felices de la resolución, pero no se debió haber llegado a eso y todavía estamos Leonardo Mondragón y yo obligados a apelar y a demostrar que todo lo que ocurrió el 30 de junio, tenía que ver con un emplazamiento a huelga.”
Judith Calderón dio a conocer que el ministerio público pidió tres meses más para volver a citar a audiencia en abril, aunque consideró que lo más importante es que no se ha devuelto el contrato colectivo a los trabajadores, por lo que está pendiente que la apelación para los aún acusados dependerá del plazo solicitado por el representante de la justicia. Judith Calderón recordó que la empresa dejó de pagar 60 millones a los trabajadores en 2017 y que en 2018 fueron 50 millones.
“Carmen Lira (directora general y accionista de La Jornada) y la gerente Tania Paulina Olmos han decidido invertir mejor millones de pesos en abogados, en juicios, en falsear la información que enfrentar el asunto de los trabajadores, que es necesario cumplir con el contrato, y han tenido el apoyo de la presidenta de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje, Marlen Margarita Rojas, quien no ha garantizado el contrato tal como lo determinó el Tribunal en materia de trabajo”, aseguró la ex secretaria general del Sitrajor.
Judith Calderón añadió que son 15 familias que no cuentan con ingresos desde junio de 2017 “porque nos despidieron injustificadamente a partir de la huelga y las personas que nos acusan, nos acusan de privación ilegal de la libertad cuando son personas de confianza y 33 sindicalizados que decidieron quedarse dentro de La Jornada para romper la huelga; estas personas actuaron como esquiroles y por esto en asamblea el sindicato les suspendió sus derechos durante un año porque actuaron en contra de los trabajadores.”
Judith Calderón y los despedidos injustamente, por el hecho de ser trabajadores independientes y pensantes, cuentan con el apoyo de decenas de organizaciones sindicales y ONG, las que estamos al pendiente de cualquier injusticia en su contra para dar nuestra más genuina solidaridad y que se haga justicia a su favor de manera transparente. No permitiremos que a Calderón y a Mondragón se les lleve a prisión porque no cejaremos en la lucha pública, en plazas, ante medios y organismos internacionales para denunciar este atropello fascista en su contra.
*Presidente de la ONG Franature
