Hace unas décadas, cuando pregonaba ser “la voz de los sin voz” y apoyar los movimientos de trabajadores que pugnaban por la democracia y libertad sindical, los directivos del periódico La Jornada se mostraban de plácemes en su relación con el Sindicato Independiente de Trabajadores de la Jornada (Sitrajor), a cuyos integrantes les deben el haber superado varias crisis y recibir su apoyo incondicional frente a diversos embates.
Hoy, cuando se pregonan tiempos de cambio democrático, los directivos de La Jornada persiguen penalmente a ex dirigentes del Sitrajor y despiden de manera injustificada a sus trabajadores por el sólo hecho de apegarse a la ley y defender su contrato colectivo de trabajo (CCT), así como prestaciones ganadas en más de tres décadas.
Como si se tratara de delincuentes, el periódico que se proclama progresista criminaliza una auténtica lucha sindical -que contó con el aval de la mayoría de los agremiados del sindicato-, mediante la persecución penal de los ex dirigentes del Sitrajor, Judith Calderón y Leonardo Mondragón, además de haber despedido en forma selectiva y paulatina a los trabajadores sindicalizados y ex dirigentes sindicales que han defendido sus derechos y conquistas laborales.
A la fecha, 13 trabajadores -de varios- a quienes se les impidió el ingreso a las oficinas de La Jornada, continúan reclamando su reinstalación tras ser despedidos en el transcurso de 2017 y 2018. La empresa, “inteligentemente”, aplicó desde 2016 una política de despidos injustificados y “liquidaciones hormiga” con montos muy por debajo de lo que marca la Ley Federal del Trabajo.
El rompimiento
El rompimiento de La Jornada con el Sitrajor se dio en 2017 luego de que la mayoría de los trabajadores votaron en urnas, libre, secreta y democráticamente, a favor de la huelga que estalló el 30 de junio de 2017. La causa: la decisión unilateral de la empresa de eliminar el CCT y con ello impactar negativamente en un 45 por ciento las percepciones salariales de los sindicalizados. Las autoridades laborales locales, con el beneplácito de los directivos de La Jornada, desconocieron el movimiento aun cuando el Sitrajor se apegó a derecho.
Esto, a pesar de que entre 2015 y 2016 los trabajadores le entregaron a Demos -editora de La Jornada-más de 21 millones de pesos de manera voluntaria (equivalentes a 29 por ciento de sus prestaciones laborales) en solidaridad para “modernizar” y salvar de una presunta crisis económica a la empresa editora del diario.
El dinero lamentablemente se utilizó para el pago de sustanciosas liquidaciones a los directivos -la mayoría de 60 años y más- y su recontratación por honorarios; el pago de servicios a empresas outsourcing, y liquidaciones a sindicalizados desplazados en sus funciones o que optaron “por retirarse” o les ofrecieron “el retiro”, a pesar de que recibieron montos por debajo de la ley, en mensualidades y mediante convenios -la gran mayoría verbales- no informados a las autoridades laborales.
Los tribunales le dan la razón a los trabajadores
A la fecha, los directivos de ese periódico no han demostrado la quiebra económica que alegan, como lo revelan los magistrados del Decimoquinto Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Primer Circuito, en resolución al amparo directo número 289/2018 de fecha 16 de agosto de 2018.
En la referida sentencia -a favor de los trabajadores del Sitrajor- se indica claramente que éstos no son la causa de la supuesta crisis económica a la que hace alusión La Jornada; que Demos, la empresa editora del diario, no demuestra tal crisis y sí en cambio debe corregir la administración de la empresa, además que no se justifica la desaparición del 70 por ciento de las prestaciones del CCT, equivalentes a más de 60 millones de pesos durante 2017.
Por ello, deja sin efecto la resolución de la Junta Especial número 5 de la Local de Conciliación y Arbitraje de la Ciudad de México (JLCA) que en laudo del 16 de enero de 2018 avaló prácticamente la eliminación total del CCT que, por cierto, la empresa aplicó anticipadamente y sin fundamento legal.
Y, sobre todo, ordena la restitución del CCT y prestaciones de los trabajadores con caràcter retroactivo, sentencia a la que más tarde se suma otra igual de importante que le da la razón al Sitrajor, pues el Juzgado Tercero de Distrito en Materia de Trabajo en la Ciudad de México resolvió que no procedía la petición de Demos de declarar “ilícita” la huelga.
Tal resolución de los magistrados, emitida en octubre de 2018, fue un triunfo legal para el Sitrajor y sus agremiados, que fueron denostados y acusados de actuar “ilegalmente”.
Con tal resolución se echan por tierra todos los argumentos utilizados por la JLCA, la empresa y periodistas que se dicen progresistas y defensores de las causas sociales, entre ellos Rafael Barajas El Fisgón y Paco Taibo II, quienes entre el 30 de junio y el 2 de julio de 2017 trataron de desvirtuar el legítimo derecho de huelga de los trabajadores del Sitrajor utilizando viejos argumentos macartistas, como “el que había mano negra” detrás del movimiento democrático, y hasta Taibo II pidió a gritos a los lectores de La Jornada realizar una concentración en las instalaciones del diario para romper la huelga. El mundo al revés.
Aunque sea a toro pasado, el que los magistrados reconozcan “improcedente la ilicitud” reclamada por los directivos de La Jornada, es de primerísima importancia.
No sólo porque deja sin efecto los argumentos pro empresariales que llegaron al extremo de acusar a los dirigentes sindicales referidos de presunto secuestro -y hasta incluyeron al hijo de Judith Calderón, Alejandro Caballero Calderón, y a la trabajadora Marisela Delgado-, también porque bajo el argumento de la “ilicitud” la empresa inició el despido injustificado y selectivo de los trabajadores sindicalizados.
Por fortuna -y tras un juicio penal iniciado hace año y cinco meses por directivos y trabajadores que boicotearon la huelga en La Jornada-, hace unos días el juez Enrique Juárez Saavedra resolvió que el Ministerio Público no aportó las pruebas que demuestren que Alejandro y Marisela hubieran incurrido en alguna falta.
De tal suerte que se derrumba la acusación de quienes están al servicio de la empresa, en el sentido de haber existido presunto secuestro cuando en realidad directivos y un grupo de trabajadores -muchos de ellos también accionistas de La Jornada- optaron por permanecer en las instalaciones del periódico para manufacturar el ejemplar que se publicó el 1 de julio de 2017.
Sigue pendiente que el juez se pronuncie sobre el caso de Calderón y Mondragón, ex dirigentes sindicales despedidos injustificadamente junto con más de una decena de trabajadores que siguen esperando que se les haga justicia, entre ellos Guadalupe Silva, Maricela Delgado, Sara Juárez, Sandra Blanco, Carmen Villanueva, Mario Córdoba, Óscar Gómez, Antonio Vera, Teresa López, José Mario Ruiz y, recientemente, la autora de este texto, reportera y ex secretaria general con más de 21 años de servicios en la empresa, quien logró el reconocimiento legal del CCT y del Sitrajor en 2002.
A la fecha, Demos se niega también a cumplir la sentencia de los magistrados que ordenan la restitución del CCT y cubrir lo descontado a más de 200 sindicalizados (la mayoría ya fuera del diario por diversas causas), durante 2017, 2018 y lo que va de 2019 para los recién contratados y los que aún sobreviven.
