Primero fue en contra de las guarderías, que amenaza desaparecerlas; luego arremetió contra los organismos autónomos y reguladores, y ahora va directo contra las organizaciones de la sociedad civil que cuestionan la militarización de la seguridad pública, aunque varias lo llevaron a ocupar la presidencia de la República.
Parece que Andrés Manuel López Obrador muy pronto desconoció los logros e importancia de la sociedad civil organizada en temas de derechos humanos, el derecho a saber, la protección de los recursos naturales en regiones indígenas y campesinas, y los pone en tela de juicio, a pesar del papel relevante que juegan incluso en su gobierno, como la Comisión de la Verdad del caso Ayotzinapa, que él mismo ordenó crear y donde colaboran integrantes de organizaciones civiles que han sido víctimas de la violencia.
No cabe duda de que AMLO utiliza lo que el lingüista Noam Chomsky denomina las “estrategias de manipulación”, a través de los medios de comunicación y redes sociales, presentando una situación prevista: la tan traída y llevada “corrupción” -que le permitió el triunfo en las urnas-, con la que causa una reacción esperada en el “pueblo” para que éste sea el “mandante” y le ordene desaparecer todo lo que supuestamente huela a “corruptela” y gastos “excesivos”. Sin más, generaliza y ofrece acabar con todo lo construido en las anteriores gestiones, independientemente de los altos costos que esto representa.
Según López Obrador se detectaron irregularidades - que en breve dará a conocer-, en 300 guarderías. Suponiendo sin conceder que fuera cierto, no todas las estancias infantiles que en el país fueron creadas en gestiones anteriores son corruptas. Es una tremenda y falsa generalización, tal afirmación. Es como decir todo es blanco o todo es negro.
También es cierto que el terrible accidente en la guardería ABC fue un acto de negligencia, corrupción y nepotismo (recordar que se encontraba bajo la administración de un familiar de Margarita Zavala, esposa de Felipe Calderón) que no debe ocurrir de nuevo. Pero esto no implica que todas las estancias infantiles del país operen como la ABC.
Hacer “tabula rasa” de ninguna manera resuelve la problemática de las madres solteras que en las giras de AMLO le han pedido que no elimine las guarderías.
Hablamos de una gran cantidad de madres solteras que requieren las estancias infantiles en regiones apartadas del país, como Chiapas, Zacatecas, Oaxaca y otros estados en condiciones de extrema pobreza. Lo más grave es la solución que ofrece: en lugar de estancias en buenas condiciones que garanticen el cuidado de los menores -papel que le toca al Estado-, decide entregar dinero en efectivo que probablemente se fugue en otros gastos.
Lo mismo ha ocurrido con las llamadas instituciones de la tercera y cuarta generación, entre las que se incluyen las de la sociedad civil, derechos humanos y los órganos autónomos como los institutos Nacional de Transparencia y Acceso a la Información (INAI) y para la Evaluación de la Educación (INEE), así como en el caso de la Comisión Reguladora de Energía (CRE), cuyo consejero presidente, Guillermo García Alcocer, ha sido atacado sólo porque criticó la terna propuesta por el titular del Ejecutivo Federal para integrar de nuevo el colegio de la CRE.
Particularmente curioso que ataque al INAI, cuando justo uno de sus colaboradores, Jenaro Villamil, actualmente al frente del Sistema de Radio y Televisión, como integrante de la sociedad civil coadyuvó en la creación de ese instituto antes denominado IFAI, y a través del cual ha sido posible conocer diversos casos de corrupción -tras solicitudes de información de ésta y otros periodistas- durante la gestión e Vicente Fox, Felipe Calderón y el propio Enrique Peña Nieto, aunque también otros casos se han clasificado como reservados.
La desaparición del INAI, ¿garantizará que AMLO y su gabinete informen pormenorizadamente de su actuación y desempeño, cuando muchos de sus colaboradores pusieron cuanta traba fue posible para dar a conocer su patrimonio, lo cual es posible gracias al INAI?
También es lamentable que califique a las organizaciones de la sociedad civil como representantes del “conservadurismo”, cuando la actividades de éstas son un bien invaluable en tratándose de la defensa de los derechos humanos (tan pisoteados en este país); de los desaparecidos y víctimas de la violencia; la protección de recursos naturales y áreas protegidas nacionales.
¿Todas son un mal, pese a que lo defendieron cuando el desafuero en la gestión de Vicente Fox, y en 2018 lo llevaron a la silla presidencial?.
Baste recordar cuando en mayo de 2018, como abanderado de la coalición Juntos Haremos Historia, López Obrador nombró al ex panista Manuel Espino Barrientos, entonces líder de la agrupación civil Movimiento Grupo 5, como el coordinador de su campaña con las organizaciones sociales y civiles para alcanzar la Presidencia.
Por ello vale cuestionar: ¿La molestia de AMLO hacia las organizaciones civiles, e incluso su confrontación con el presidente de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), Raúl González Pérez, no acaso deviene de las críticas de activistas y del titular de ese órgano autónomo a la propuesta de Guardia Nacional hecha por López Obrador?
¿Las asociaciones civiles no han denunciado reiteradamente en redes sociales su oposición a la militarización del país y le han recordado a AMLO su promesa de no llevar a un mando militar al frente de ese organismo?
Justo estas críticas ocurren cuando este jueves 21 de febrero se debate en el Senado de la República la aprobación o eventual rechazo de su Guardia Nacional, y Ricardo Monreal, coordinador de los senadores de Morena, advertía ayer a El Universal que prácticamente ya está “planchado” un acuerdo para aprobar a la medida de AMLO tan criticado y cuestionado cuerpo de seguridad.
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