La movilidad es básica para los ciudadanos, en virtud de que sus actividades diarias tienen una estrecha relación con las condiciones en las que se trasladan de un lugar a otro para realizarlas, ya sea al trabajo, a la escuela, de paseo, o al negocio, en fin, para que en el transcurso del día puedan hacer lo que tienen proyectado. El artículo 5º de la Constitución Política del Estado de México la contempla como un derecho humano.
Una gran parte de la población depende del servicio que ofrece el transporte público, por lo que se ve en la necesidad de hacer uso de los autobuses, taxis, o alguna de las otras formas autorizadas, o no, para poder cumplir con sus compromisos. Desde luego, por la necesidad no se detiene a cuestionar si el servicio que está utilizando es legal o no, eso es una obligación de las autoridades, revisar la legalidad de los prestadores del servicio.
Pero nadie más que los usuarios conocen de la mala educación de los operadores, en especial de los que conducen autobuses, que en el mejor de los casos ponen música moderada, ya que algunas veces parece unidad disco, o van fumando, o platicando con algún acompañante, o hablando por teléfono, condiciones éstas que el pasajero, advierte que no esta bien, por lo que en algunas ocasiones opta por quejarse, desafortunadamente en la mayoría de los casos no lo hace, ¿para qué perder el tiempo, si todo sigue igual?
Es en donde debería intervenir la secretaría de Movilidad, que sin embargo, hace parte de su trabajo, realiza operativos y sanciona, o al menos eso debe hacer, a las unidades que se encuentran fuera de norma, pero el servicio que reciben los usuarios, definitivamente es pésimo, no lo merecen.
Por otra parte, históricamente los concesionarios han sido renuentes a sujetarse a la norma que regula al transporte público.
Hace poco amenazaron con un alza importante al precio del pasaje, en razón del aumento a los insumos y refacciones, que finalmente no se llevó a cabo, pero en los últimos días han tenido que enfrentar otras cosas.
Fueron informados que a partir del lunes 22 de abril serán multados quienes utilicen a los ayudantes conocidos como “cacharpos”, tras el caso del niño atropellado que iba en una unidad de la línea Corsarios, en San Cristóbal Huichochitlán, condición que la norma técnica de la secretaría de Movilidad la considera como una falta administrativa, y advierte la dependencia que no se tolerará más, por lo que llevará a cabo operativos en las 29 rutas que conectan a la capital mexiquense.
Nada nuevo, en la administración pasada se hizo lo mismo, pero en cada cambio de gobierno los transportistas le apuestan a que la nueva administración será diferente, que se les olvidará lo que venia realizando la secretaría anteriormente, o creen que por política las cosas serán diferentes, pero mostrarse sorprendidos, parece más una burla.
Además, se encuentran con la “novedad” de que ahora deberán circular por carriles confinados. Para esto, los representantes de las líneas han dicho que los operadores que cometan las faltas, por el hecho de no circular por los carriles confinados, deberán pagar de su bolsa la infracción. Los operadores intentan defenderse diciendo que es el pasaje que exige paradas en lugares no autorizados o que lleva prisa.
Reprochan los transportistas la normativa aplicada para avenidas principales de la capital, que obliga al transporte público circular por carriles confinados, reclamaron que no fueron notificados, pues estaban acostumbrados a circular a sus anchas por el carril que se les pegara la gana, pero no dicen si en alguna época alguna autoridad les permitió hacer uso de todos los carriles.
La medida, que debe ser aplaudida, fue ordenada por el ayuntamiento de Toluca y entró en vigor el lunes pasado, aunque los concesionarios esperaban ser notificados por escrito, no fue así. Pero si por alguna razón llegó usted a pensar que los involucrados en el transporte público se sentían dueños de la calle, ya no lo dude más, porque aseguran que son los usuarios los que resultarán afectados con ésta medida, porque los intervalos de cada ruta aumentarán considerablemente al no poder usar el resto de los carriles, además que los automovilistas no respetan los carriles confinados, ¿qué tal, alguna duda?.
Mejor no pudieron haberlo aclarado, son ellos los que consideran merecer mejores condiciones sobre todos los demás, intentando burdamente contar con el apoyo ciudadano, cuando es precisamente la ciudadanía que está harta de las malas formas de los operadores y del servicio, agregando que la inseguridad es otra de las angustias que se sufre al abordar cualquier transporte de alquiler.
Continúan señalando que ahora los usuarios tardarán mas tiempo en llegar a sus destinos, por el tiempo perdido en la fila de camiones avanzando muy lentamente, lamentan la prioridad al transporte de particulares, porque dicen, regularmente van con un solo ocupante, en lugar de dar prioridad al tránsito de autobuses que transporta mucha gente que no tiene posibilidad de viajar en un auto particular.
En efecto, son muchos camiones, y en fila será peor, observando a muchos de ellos vacíos, además, hay que poner en claro que las rutas se cruzan unas con otras, no existe orden urbano, por lo que el confinamiento causará desgaste de unidades, pérdida de tiempo para el pasaje y la resistencia a obedecer. Requiere la ciudad que se encuentre la fórmula de orden, con una mejor distribución del espacio vial, del número de unidades y de organización, tal vez, algún día.
Aunque dentro de todas sus quejas, en algunas tienen razón, Alejandro Hernández, presidente de la Línea Xinantécatl, señala que no existe la infraestructura adecuada que se requiere para este tipo de ejercicios, no es que esté mal, señaló, sino que está equivocada la manera como se está haciendo.
Por ley, la secretaría de Movilidad debe encontrar solución en coordinación con otras dependencias de gobierno al tema de la movilidad, que no es únicamente el transporte público lo que le corresponde, es, el sistema integral de movilidad, incluyendo el servicio público de transporte de jurisdicción estatal y sus conexos. Artículo 33 de la Ley Orgánica de la Administración Pública.
