Estamos viviendo una época oscura en México; las libertades se encuentran bajo el asedio del Estado. Lo peor es que está sucediendo frente a los ojos de todos.
Con total descaro, como nunca antes en la época moderna, desde el sexenio anterior se persigue con extrema rudeza a opositores al régimen por el solo hecho de pensar diferente, y el objetivo de silenciar a la prensa crítica cada vez es peor. No por ello se pretende decir que en anteriores administraciones fue diferente. Al poder le incomoda ser objeto de escrutinio y, sobre todo, de la crítica periodística; importante su existencia para un país que se presume demócrata, la concepción del periodismo de cualquier otra forma tiene que identificarse como propaganda.
El régimen actual ha demostrado en un sinnúmero de ocasiones que no tiene empacho en silenciar a la comunidad periodística que no le favorece y le aplaude. Desde el micrófono más escuchado de la nación se intenta incluso dictar la forma en la que los medios “deben” realizar sus editoriales.
Acogiéndose al cómodo pretexto del descubrimiento de señalamientos inapropiados, la presidenta Claudia Sheinbaum, desde su alta tribuna, da clases de moral, presumiendo molestia por noticias como las que se dieron a conocer por el descarrilamiento del tren interoceánico. Completamente descolocada, arremetió contra publicaciones de Reforma y El Universal.
Claro que conscientemente oculta que el obradorismo actuó de otra forma cuando se presentaban como oposición, y uno de los ejemplos más claros fue el de montarse en las protestas lideradas por los padres de los 43 normalistas de Ayotzinapa asesinados en el sexenio de Enrique Peña Nieto, pero de eso nada se dice.
Las cosas han cambiado: los que antes fueron gobierno hoy son oposición, y al revés, solo que los que hoy gobiernan han demostrado tener la piel más delgada y, a la más mínima provocación, arremeten con todo el poder del que disponen en contra de ciudadanos o profesionales del periodismo que se atreven a levantar la voz en su contra.
Los reclamos han sido denunciados desde el sexenio anterior. El expresidente Andrés López Obrador, debido a que un día sí y al otro también ponía el dedo flamígero en contra de periodistas, generó consecuencias que se pudieron observar a simple vista. Una de las más graves fue el intento de homicidio perpetrado en contra del comunicador de Radio Fórmula, Ciro Gómez Leyva, cuyos autores materiales del atentado cuentan ya con sentencias, pero no se ha dado respuesta a la pregunta básica: ¿quién ordenó y por qué el ataque?
Se ha dicho en varias ocasiones que los duros señalamientos que se han repetido en contra de los que se consideran enemigos del régimen atraen consecuencias fatales, pero no se han detenido; al contrario, parece que se intensifican cada vez con mayor terquedad.
Como resultado de lo señalado anteriormente, surgen quienes creen que le hacen un favor al régimen y, por cuenta propia, realizan acciones encaminadas a presionar a esos incómodos y a la prensa no alineada. Es por eso que casos como los que se han visto en Campeche, Puebla o Veracruz no dejan de presentarse.
Por eso no debe ser sorpresa que desde el año 2022 el país se haya convertido en el más letal para ejercer el periodismo en América Latina y el Caribe. Lo triste es que no se ha hecho nada al respecto, o demasiado poco: siguen asesinando periodistas y otros siguen siendo amenazados, incluso acusados de “terrorismo”.
Lo que es de por sí muy grave para un país en el que un coche bomba es considerado como parte de enfrentamientos entre grupos criminales y un periodista sí pueda ser acusado de terrorista.
El bochornoso caso que presentó la entonces fiscal regional de la zona sur de la Fiscalía de Veracruz, Karla Díaz Hermosilla, imputando al periodista Rafael León Segovia el delito de “terrorismo”, marca un antes y un después en un momento de la mayor preocupación. Aunque dicha fiscal ha sido removida de su cargo, el comunicador sigue sufriendo los alcances de la imputación ministerial que, a pesar de que el juez que conoció del asunto desestimó el mencionado delito, no deja de inquietar al darse cuenta de hasta dónde puede llegar el impulso de un servidor público dispuesto a todo con tal de agradar, o creer hacerlo, a sus superiores y, con esa posición, ganar su consideración.
Es precisamente el problema: ¿cuántos comedidos están dispuestos a cometer cualquier tipo de atropello con tal de quedar bien, en especial por lo delicado del asunto que se presenta cuando se dispone de un cargo como el que asume el Ministerio Público, encargado de perseguir delitos y pedir castigo para los delincuentes? ¿Qué pasa cuando no lo son?
La preocupación aumenta con el recién estrenado personal del Tribunal Superior de Justicia elegido a través del voto popular, con múltiples mañas y acordeón de por medio; todos identificados casualmente como cercanos al gobierno actual. ¿Quién de ellos se atreverá a contradecir las peticiones de gobernantes morenistas? ¿Quién?
La inutilización de la figura del amparo, como herramienta que el ciudadano común podía utilizar en contra de las arbitrariedades de la autoridad, materialmente ha sido reducida a su mínima expresión, casi desaparecida en su propósito. No hay forma en la que la administración actual sufra un revés por alguna decisión judicial contraria. Ahora las leyes y las instituciones protegen a quienes deberían limitar, mientras la población se encuentra en total desventaja ante los abusos que se presenten en adelante.
Las libertades de prensa, de expresión y de manifestación, entre otras, enfrentan las consecuencias de la captura de los poderes de la Unión. La característica multicultural de México se obliga a identificarse con una sola ideología supuestamente progresista, en donde se impone un único pensamiento político que está empeñado en tergiversar la realidad.
