En el Estado de México se presentó un endurecimiento de sanciones vinculadas al tránsito de vehículos muy severas. Siempre dirá la autoridad que no son recaudatorias, sino una forma de obligar a los conductores que circulan en la entidad a respetar las normas establecidas en esta materia.
Sin embargo, y aunque se asegure que no es su propósito recaudar recursos de los contribuyentes, la realidad pinta otra cosa. Los diferentes órdenes de gobierno se han visto mermados en su capacidad para llevar a cabo su tarea con solvencia, debido a los criminales recortes ordenados desde la administración federal.
Como consecuencia, los gobiernos estatales y, sobre todo, los municipales se han visto obligados a inventar diversas formas de recaudar recursos para cubrir las necesidades básicas de subsistencia para sus entidades. En un régimen que concentra la mayor parte de estos y lleva a cabo recortes abusivos respecto de los que se enviaban años anteriores a estados y municipios, se limita a estos en su capacidad de respuesta para cumplir su función.
El infortunio alcanza al ciudadano común, que es, a final de cuentas, el que tiene que cargar con el costo. Gobiernos van, gobiernos vienen, pero son ellos los que tienen que pagar las consecuencias de las decisiones de sus autoridades. No se le pregunta al contribuyente, simplemente se decide.
Bajo estas condiciones, surge la “idea” de aplicar sanciones disfrazadas de ordenamiento, traduciéndose materialmente en un asalto a la razón, con gran desventaja del incauto. El Estado aprovecha la necesidad que tienen las personas para moverse en auto de un lado a otro, con el propósito de ir a su trabajo, escuela, mercado o a divertirse. El vehículo, como medio de transporte individual, es el objetivo ideal. ¿Quién que cometa una infracción o no tenga sus documentos en regla va a estar feliz porque le impongan una multa? Lo que es aún más delicado, bajo la amenaza de que se lleven su carro al corralón.
Sí, al corralón, amenaza que asusta a la mayoría porque representa un gasto exorbitante, ya que además de la multa, que nunca se perdona, lidiar con los dueños o trabajadores de los corralones asociados (concesionados) con el gobierno es como entrar a la cueva del lobo. Si su auto logra sobrevivir con apenas algunos “rasguños”, objetos “perdidos” o sustituidos por otros dañados o desgastados, el pago lo llevará al borde de su ecuanimidad, más aún si se utilizó una grúa. Desde tiempos inmemorables no se ha logrado meter en cintura a estos abusivos seres.
El dueño del auto atraviesa un verdadero viacrucis. Cualquiera que se haya enfrentado a algo parecido sabe de qué se trata. No obstante, embarga en la conciencia del afectado una preocupación aún más grave. Sí, más grave: enfrentar a los guardianes del orden, llámese policía, cualquiera que sea su agrupación, ya que seguramente ya conocen las nuevas sanciones; entonces se frotan las manos porque se darán un festín cuando detengan a un ciudadano descuidado que no respetó la ley de tránsito vigente, porque al tener en cuenta las multas estratosféricas y la posibilidad de enviar el vehículo al corralón, el cóctel está servido.
Parece como si los encargados de actualizar las sanciones no se ven en la necesidad de conducir en las arterias de la entidad, porque gracias a su endurecimiento le están dando manga ancha a los elementos policiales que perseguirán a su presa hasta alcanzarla y orillarlos a descubrir la forma de “ayudarlos”.
La escena es terrorífica. Para poner un ejemplo: en un video publicado recientemente en redes sociales se puede ver a un policía estatal que detuvo a un automovilista, mismo que, de acuerdo con la conversación que se escucha, no es de la entidad, aunque dice tener pase de turista. Se oye al elemento preguntar por la verificación, recitándole enseguida las altas cifras a las que se hace acreedor por la multa respectiva, además de la pena de tener que dejar su automotor en el corralón. Ello obligó al conductor a ofrecer cierta cantidad por “evitar” toda la “molestia”.
El cinismo fue tanto que, al “acordar” un monto y no contar con el efectivo, se realizó una transferencia. De verdad, una transferencia bancaria para pagar el soborno del que fue objeto el visitante. Dicho evento ocurrió en el acceso al municipio de Atlacomulco y pone en evidencia lo antes señalado.
Sí, es incorrecto que cualquiera que circule conduciendo un vehículo que no tenga todo en regla deba ignorarse, pero ¿quién se encarga de cuidar al ciudadano para que no sea presa del soborno?
Es importante recordar que en el sexenio de Eruviel Ávila se instalaron en diferentes puntos carreteros cámaras de vigilancia para quienes rebasaran la velocidad máxima permitida. Las infracciones no se hicieron esperar; en caso de no pagarse, se juntaban todas, haciéndose efectivo el cobro al momento de acudir a realizar algún trámite del automóvil. Nadie se salvaba.
La impopular medida duró poco. Después se pudieron ver los dichosos arcos que quedaron como testigos de esa historia, con cámaras de video que dejaron de funcionar. ¿El gasto? Bueno, pues ahí quedó.
En la administración del exedil de Toluca, Raymundo Martínez Carbajal, se implementó un sistema de parquímetros virtuales, dado a conocer en el comunicado número 608/2022, con la aplicación “Parkimóvil”, la cual entró en vigor el 8 de diciembre de 2022. El objetivo supuesto fue recuperar el orden en las calles. Los parquímetros inteligentes fueron suspendidos por el alcalde Juan Maccise debido a que no contaron con el apoyo suficiente de los ciudadanos, según se dijo.
Estas medidas, ¿tampoco fueron recaudatorias?
Las sanciones a la población siempre serán impopulares, pero elevar el costo de la infracción de manera exagerada da oportunidad a que un oficial persecutor del infractor cuente con el pretexto ideal para “llevar agua para su molino”; siempre, siempre encontrará “algo” que este no tenga en regla, aun incluso si es algo menor, para obligarlo a “pedir el favor”.
