El problema de la seguridad se ha convertido en el mayor dolor de cabeza de las autoridades de cualquier nivel. Lo mismo le afecta al presidente municipal de las demarcaciones más pequeñas que a los de las grandes urbes, a los gobiernos estatales y al federal.
Y dentro de este fenómeno, quizás una de las aristas más sensibles sea el de la falta de seguridad en el transporte público, pues pega a los mexicanos con mayores carencias y que deben trasladarse todos los días desde sus hogares hasta sus centros de labor. Muchos llevan apenas lo indispensable en sus bolsillos para pagar tarifa de ida y vuelta y quizás un taco mal comido en el camino.
Según datos del gobierno mexiquense, 45 por ciento de los delitos que se cometen en la entidad suceden en la zona conurbada con la Ciudad de México, de ahí que los esfuerzos de ambos gobiernos se hayan encaminado a tratar de solucionar esta problemática, sobre todo para disminuir los asaltos en los medios de transporte.
Por eso hay tanto interés en colocar cámaras de video y botones de pánico en camiones, combis, vehículos tipo Van y taxis, pues estos dispositivos no sólo contribuyen a desalentar la comisión de delitos en estas unidades, sino que se han convertido en un eficiente instrumento para perseguir a los delincuentes, muchos de los cuales ya han sido detenidos y se encuentran sujetos a proceso.
Las videocámaras graban todo lo que sucede al interior de las unidades de servicio público de transporte, y como están conectadas con los centros de vigilancia conocidos como C-5, pueden tomarse acciones de inmediato para perseguir a los rufianes.
El trabajo en una entidad, tan densamente poblada como el Estado de México, es titánico. Existen algo así como 160 mil concesiones para la prestación del servicio, distribuidas en 100 mil taxis y el resto entre camiones y camionetas.
A éstos debemos agregar un importante número que trabajan de manera ilegal, aproximadamente 80 mil, es decir, sin concesión. Uno de los retos es, primero, legalizar su trabajo o sacarlos de circulación; ambas tareas representan un trabajo para el que ninguna administración estatal se ha preparado debidamente.
Se requieren en las calles cientos de inspectores para supervisar el trabajo que prestan los concesionarios, pero también para identificar a los que no cuentan con permisos. Esa estructura no existe, y crearla en estos momentos significaría un gran problema.
Es un asunto muy complejo que durante muchos años se dejó crecer. Los gobiernos estatales prefirieron dejar pasar, sobre todo por la connivencia entre autoridades y permisionarios y ahora que se ha convertido en un gran problema que, destrabarlo, requiere de un trabajo descomunal.
Porque hay que atacar la inseguridad, pero también mejorar las rutas con una ingeniería inteligente del manejo de rutas y tiempos de traslado, así como la instalación de bases y paradas y la lucha contra la contaminación con equipos que dejen de usar gasolina y en su lugar quemen gas.
Ya se dieron los primeros pasos: más de 35 mil unidades en el Estado de México cuentan con dispositivos de seguridad y una cantidad similar utiliza gas en lugar de gasolina, pero el reto es enorme, del tamaño de la población de la entidad que ronda los 17 millones de habitantes. Mover a 8 millones de personas, que es la media diaria, requiere de medidas emergentes que apenas están dando sus primeros frutos.
¿En qué tiempo estará debidamente saneado el sector? Es una pregunta que no tiene una fácil respuesta, porque todos los días aumenta la población; todos los días hay nuevos asentamientos humanos cuyos habitantes requieren moverse y trasladarse a sus centros de trabajo, escuelas, centros de salud, entre otros lugares.
Hay señales que indican que se va en el camino correcto, sólo falta tener paciencia.
