"En la antigua Roma, cuando había una reunión y en la puerta de la entrada se colgaba una rosa, los temas tratados eran confidenciales. (sub rosae)"
A muchos pareciera no importarles, o tal vez la información se perdió en el enorme corifeo diario de los grandes escándalos y noticias que vivimos y leemos todos los días, pero sin duda, la propuesta realizada por el partido Movimiento de Regeneración Nacional de desaparecer los Organismos Públicos Electorales (OPLES) no es un asunto menor y muchos menos sin importancia.
Muchos incluso, no saben del trabajo que hacen estos organismos previos y durante una jornada electoral, y tal vez por eso dicha iniciativa pareciera no tener mayor peso, sobre todo cuando se basa en la principal premisa de gobierno de eliminar gastos que han vendido como “innecesarios”.
Hace unos meses, el diputado Sergio Guitiérrez presentó una iniciativa para reformar varios artículos de la Constitución, y en cuyo contenido está la desaparición de los OPLES, para que el Instituto Nacional Electoral absorba sus funciones y sea el único para llevar a cabo las elecciones.
Esbozando el principio de austeridad, principio al que de entrada nadie podría decir que no, se pretende eliminar a organismos que a lo largo de los años han mostrado si, deficiencias, pero también grandes logros y avances que incluso han sido replicados por el propio INE.
Dicha iniciativa tiene como principal motivo “que la función electoral tenga como premisa fundamental la austeridad”, premisa con la que difiero desde el principio, ya que la función electoral no puede estar supeditada a la austeridad, sino a los principios rectores de transparencia, legalidad y certeza, que van más allá de un mal entendido ahorro.
Argumentar el alto costo de las elecciones y de lo oneroso que resulta a veces la operación de algunos Consejos Locales es sin duda un buen argumento, pero que encierra también un grave peligro de caer en la simpleza de la discusión.
Si bien, los organismos electorales de los estados no llevan a cabo elecciones cada año, y representan un costo elevado para el presupuesto público, también es cierto que su trabajo es permanente.
Tuve la oportunidad de participar en un OPLE como representante propietario de un partido ante una Comisión, (Acceso a Medios, Propaganda e Información) y pude constatar el extenso trabajo no sólo de consejeros electorales, sino también de cientos de servidores públicos electorales que dos años previos a una elección trabajan jornadas extenuantes para preparar la jornada electoral.
Sí, es un trabajo silencioso, tedioso, pero sobre todo significativo para que miles de mexicanos salgan el día de la jornada electoral y tengan la certeza de lo que significa su sufragio.
No se puede banalizar un trabajo de todo un instituto a sólo el desempeño que sus consejeros hacen, sobre todo ahora, que poco a poco las instituciones electorales han ido recuperando la confianza social.
Más allá de quedarnos con la discusión de lo que ganan los consejeros electorales (que, claro, debe hacerse) y lo que cuesta cada voto, ocupémonos de aquello que hoy la llamada Cuarta Transformación ha dejado de ver.
Hablar de austeridad no significa mejora cuando no se integran las herramientas necesarias para que las instituciones funcionen mejor sin tantos recursos, no se puede solo recortar presupuestos en aras del ahorro presupuestal cuando eso signifique debilitar instituciones que han costado años de lucha, incluso de quienes hoy son gobierno y los descalificaron cuando fueron oposición.
Ejemplos de la austeridad mal entendida sobran en diversas dependencias e instituciones como la desaparición de los comedores comunitarios, el apoyo a guarderías, el despido masivo de empleados para contratar a muchos miles más, el recorte a cultura, a instituciones de salud, etc, etc, no, no podemos confundir y basar el debate de algo tan importante a la simple prospectación de un ahorro.
Discutamos sí una reforma electoral, que lejos de eliminar organismos que han mostrado su valía, los fortalezca y les exija el cumplimiento de sus funciones, pero no de desaparecer de un plumazo miles de fuentes de empleo de personas que incluso pertenecen al servicio electoral de carrera, incluyendo claro está, de los logros que se han hecho desde lo local.
Aplaudo de dicha iniciativa la reducción de prerrogativas a partidos, y el combate a la violencia de género, incluso la reducción de 11 a 7 consejeros electorales, pero no, el INE no tiene la estructura ni los recursos humanos y financieros para continuar, él solo, haciéndose cargo de las funciones que hasta el momento tiene y luego adicionarle las funciones que los OPLES dejarían de tener por su desaparición.
No podemos pensar que los Organismo Electorales, luego de la reforma del 2014, tienen sólo como facultad relevante el otorgamiento del financiamiento público y los escrutinios y cómputos de las elecciones, y pongo como ejemplo el monitoreo a medios de comunicación que se ha hecho en diferentes elecciones.
El monitoreo que realiza el INE es sólo de aquellos medios de comunicación que tienen registro de actividad en la capital, no contemplan a los llamados medios regionales que aun cuando tengan un gran impacto en varios municipios, no son fiscalizables porque el Instituto Nacional Electoral no los cuenta en su catálogo.
Eso, sin duda, afecta en mucho a la equidad de una contienda, y ni que decir de la fiscalización de bardas, lonas y propaganda, ese trabajo que realizan de manera alterna los OPLES y que muchas veces es usado por los partidos políticos para poder llevar a cabo sus demandas.
Hoy tenemos un federalismo perfectible, y una independencia de organismos electorales que ha costado décadas de esfuerzo, trabajemos en eso, en generar herramientas que fortalezcan instituciones, no que las desaparezcan escudados en la praxis política de quienes los encabezan.
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