"En la antigua Roma, cuando había una reunión y en la puerta de la entrada se colgaba una rosa, los temas tratados eran confidenciales. (sub rosae)"
Hace no mucho tiempo abordé aquí el peligro de las propuestas de reforma Constitucionales en materia electoral que el partido de Morena traía en su paquete de iniciativas que llevaría a la discusión en las Cámaras de Diputados y Senadores aprovechando su mayoría actual.
En ese entonces comentaba la peligrosidad que existía en la propuesta de desaparecer los Organismos Públicos Electorales (es decir los institutos electorales de cada estado), porque eso representaba dar un paso atrás en la construcción de algo que nos ha costado décadas y luchas a todos los mexicanos: el perfeccionamiento de nuestra democracia.
Disfrazada de “austeridad”, los diputados de Morena han pretendido justificar la desaparición de los organismos electorales, y han propuesta además, diversas adecuaciones a la Constitución para debilitar y asumir el control del Instituto Nacional Electoral.
Apoyados por el discurso simplista de gastos innecesarios, han disfrazado en el fondo el daño que podría causar a la democracia en México una reforma pensada en razón de quien hoy detenta el poder.
El discurso de austeridad, que hoy sí conviene a la fracción de Morena porque será el partido que más recursos reciba del Instituto Nacional Electoral por prerrogativas, sigue la línea discursiva de este gobierno de simplezas para garantizar la aprobación de sus seguidores sin mayor razonamiento que la premisa de ahorrar miles de millones en instituciones que aparte de caras y onerosas, representan -para ellos-, solo un aparato burocrático más.
Nadie pone sobre la mesa de que la función electoral, no puede estar supeditada en ningún momento a la austeridad, sino más bien a la eficiencia en la aplicación de recursos, dos cosas que parecieran lo mismo, pero son totalmente diferentes.
Hablar de austeridad, como lo ha venido haciendo el gobierno actual, no ha demostrado en ningún momento los resultados que se quieren vender, por el contrario, en poco más de un año, el supuesto ahorro que se ha vendido a través de la propaganda gubernamental, dista mucho de ser un instrumento de cambio en el bienestar social.
Hoy en la Cámara de Diputados, en donde Morena tiene mayoría, se discuten varias reformas a la ley electoral para poder lograr que se condonen multas a los partidos políticos, la eliminación de contar con un padrón de militantes actualizado y confiable, además de que los partidos políticos puedan ocupar sus prerrogativas en fines distintos a los que hoy establece nuestra Constitución, es decir, están abriendo la puerta para que los partidos políticos puedan disponer de recursos públicos para poder realizar acciones sociales, que literalmente servirán para la compra de votos.
Se discute también que los partidos políticos no tengan que regresar los remanentes que no hayan sido aplicados de su financiamiento público en el año fiscal correspondiente.
Qué decir de la propuesta de reducir el financiamiento público que hoy tienen los partidos, que más pareciera una simulación, ya que por n aparte se busca disminuir el recurso que tienen los partidos para actividades ordinarias (pago de personal, operación, etc) y a la vez se pretenda aumentar el recurso que reciban para gastos de campaña.
A estas propuestas, que lejos de fortalecer, limitan visiblemente la actividad que el Instituto Nacional Electoral realiza, se agregan dos que me parecen también muy delicadas: una es la que pretende acortar de 9 a tres años la presidencia del organismo, (lo que obligaría, en caso de aprobarse, a que el actual presidente deje su cargo) y otra, que pretende eliminar las causales por las que el INE puede multar a partidos políticos por no ejercer correctamente los recursos públicos que se les entregan.
Pareciera que el discurso de campaña que el hoy presidente Andrés Manuel López Obrador utilizó para referirse al Instituto Nacional Electoral, está pasando factura a través de la mayoría legislativa con la que hoy cuenta su partido.
Más allá de si estamos de acuerdo o no con la popularidad de un gobernante, o de su plan de gobierno, requerimos ser una sociedad crítica que conozca y se informe a fondo de lo que discute, la simplicidad discursiva que hoy se maneja y la constante vorágine de información que consumimos nos obliga a distraernos fácilmente de lo que importa a largo plazo.
Más allá de simples propuestas de reformar a un Instituto Electoral que le dio el triunfo a tres fuerzas políticas distintas en los últimos años en nuestro país, está en juego la construcción de un control político y la eliminación de la autonomía de instituciones que miles de mexicanos, desde el poder, y la misma oposición lograron construir con la lucha de varios años.
La autonomía de las instituciones tiene que construirse siempre pensando en la legitimación de un gobierno democrático, hacerlo de otra forma, es un latente peligro de regresión al poder de un solo hombre.
Y eso, no le conviene a nadie, menos aún a un país que hoy se jacta de vivir una nueva transformación.
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