El gobierno de la llamada “Cuarta Transformación” ha seguido el gastado e ineficaz guión de los dos sexenios pasados para hacer frente a la violencia y a los grupos del crimen organizado: supuestas nuevas estrategias y hasta presuntas “nuevas corporaciones” policiacas.
Lo de menos es el nombre de la nueva-vieja policía: Guardia Nacional, Gendarmería, etc, pero el hecho es que se sigue la misma ruta, esa que alguna vez fue descalificada por quienes hoy la ponen en práctica.
Desde hace tiempo se sabe que plegarias y rezos, cuantimás gobernantes, no han evitado, ni van a evitar, que unos hombres, y también mujeres, se maten entre ellos cuando su ingreso a las filas del crimen está condicionada de antemano a la muerte como parte de “su trabajo”.
Nos la hemos pasado contando cadáveres por miles en los últimos 12 años y medio, e igual capturando cabecillas de mafiosos mientras otros se hacen del puesto en el organigrama criminal, en un juego perverso y deshumanizado.
Qué bueno que el Presidente aclare que la Guardia Nacional es para proteger a la población, porque con esa corporación, militarizada o no, la situación no va a cambiar en cuanto al modelo de competencia por las plazas, que es por eliminación directa y sangrienta, aplicado a sus anchas por los grupos criminales.
Se trata de un enorme negocio de los cárteles delictivos, ya sea traficando con drogas o metidos al alegre huachicoleo, lo mismo que secuestrando, robando vehículos particulares o de mercancía.
Evidentemente los grupos criminales, las cabezas y las que los suceden, han aprendido de los depredadores del capitalismo, particularmente financieros, al diversificar sus actividades para ocupar más espacios, dándose tiempo hasta para disfrazarse de benefactores sociales.
Y es claro que no operan solos, que detrás está todo un aparato oficial y empresarial presto a facilitar el tráfico de drogas, a blanquear dinero sucio, a “halconear” y otras cosas, todo con el firme propósito de que la industria criminal continúe su crecimiento económico y su expansión oficial y social, como ha sucedido a pesar del “enérgico combate oficial”.
¿Por qué el tema de la despenalización de las drogas se ha dejado a la buena sanguinolenta de los narcos y sus cotidianas disputas por las plazas? ¿Se van a quedar sin ingresos extra policías, mandos policiacos, agentes del ministerio público, jueces y, en suma, funcionarios públicos de todos los niveles? ¿Esa es la preocupación?
Porque todos esos delitos significan miles de millones de pesos y hasta miles de millones de dólares, pero resalta el caso de las drogas, que supuestamente serían despenalizadas, específicamente la mariguana, como parte de las acciones transformadoras del nuevo gobierno.
¿Los que detentan el poder se ven impedidos de llevar a cabo la despenalización por su religión? Es verdad que el protestantismo, en esencia prohibitivo (aunque nunca faltan simuladores), sumado a ese espíritu capitalista weberiano que lo caracteriza, resulta una mezcla más que explosiva ciertamente pero, parafraseando a los clásicos, es de suponer que el asunto tiene que ser abordado más con una visión de estado que de un establo y su rebaño.
Para decirlo rápido, es preciso dejar de simular pues, en efecto, ya está despenalizada la mariguana y otras, al menos en cuanto a la portación de cierta cantidad de dosis, así sean mínimas, pero falta completar la cadena: despenalizar la producción y su distribución, causa de muertes por miles no debido al consumo, sino por la salvaje competencia.
Lo demás es un nuevo escopetazo frente a un monstruo de muchas cabezas.
