Polémico siempre será el tema de los matrimonios igualitarios, sobre todo para sociedades como la mexiquense, llenas de, evidente, doble moral y estilos de vida basados en paradigmas anquilosados, pero que han funcionado perfectos para aparentar lo que no se es y lograr escalar en la política y en la vida empresarial.
Todo ello al amparo y bendición de religiosos obesos, que se ocupan más de sus intereses que del bien común.
Sin embargo, el tema será debatido al interior del Congreso local; por lo menos así lo adelanta la agenda legislativa del Grupo Parlamentario morenista, que, dicho sea de paso, tiene arrasadora mayoría y puede hacer y deshacer, con la mano cintura, en la materia que decidan.
Hasta el momento, 14 de los 32 estados del país no permiten en sus legislaciones los matrimonios entre personas del mismo sexo, entre ellos el Estado de México, pese a que en el sexenio de Eruviel Ávila, éste envió al Congreso una iniciativa para su legalización, la cual se fue a la congeladora.
La semana pasada, los diputados de las comisiones legislativas de Gobernación y Puntos Constitucionales y Procuración y Administración de Justicia, retiraron del debate la posibilidad de que estas parejas adopten, con lo cual buscan restarle complicación a su aprobación en lo general.
Lo cual indica que en pocos días podría materializarse la modificación al Código Civil estatal; con ello, el Edoméx podría convertirse en el estado número 19 en permitir este tipo de uniones.
De 2015 a la fecha, suman alrededor de 10 las parejas gay que lograron el fallo a favor de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) para acceder al matrimonio legal; este falló incluía un ordenamiento al Congreso Mexiquense reformar el código Civil para concretar estas uniones; sin embargo, no fue acatado.
Colectivos LGBTTTIQA amenazan con denunciar al gobierno estatal y al congreso mexiquense ante el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación (Conapred), instancia que ya se pronunció a favor del derecho al matrimonio igualitario, el cual debe ser acatado por todas las autoridades, por lo que se considera un trato discriminatorio negarles un derecho o servicio público ciudadano.
Merece un amplio análisis esta aprobación, sobre todo en especificar sus alcances legales; no obstante, es una necesidad jurídica que debe ser atendida a la brevedad.
