Eran las siete de la mañana de aquel frío 3 de mayo de 2006. Vendedores de flores se instalaron afuera del mercado municipal, Belisario Domínguez, pese a que no tenían permiso para hacerlo. Contaban con el respaldo de un grupo de integrantes del Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra. Policías municipales con el apoyo de estatales intentaron desalojarlos.
Así empezó el problema. La gresca generó 12 elementos heridos, tres de ellos con arma blanca. Decenas de personas, entre las que había mujeres y niños, se atrincheran en una casa de la calle Morelos, a media cuadra de donde ocurrió el enfrentamiento, en el centro de Texcoco.
Después de eso, habitantes de San Salvador Atenco secuestraron a dos agentes municipales de Ecatepec que transitaban por la carretera México-Texcoco. Este hecho sucedió en el tramo bloqueado por los atenquenses en demanda de la libertad de los comerciantes.
Atenco pasará a la historia del Estado de México como uno de los episodios más oscuros de la relación entre el gobierno y los movimientos populares.
Todas las voces se alzaron para condenar los hechos. La coordinación entre los gobiernos de Vicente Fox y Enrique Peña Nieto fue un fracaso y de ello hablan los excesos cometidos por los policías en contra de la población civil.
Años después, el gobierno de Eruviel Ávila Villegas sometió a consideración de la Legislatura local un proyecto de ley para regular el uso de la fuerza pública en manifestaciones o motines callejeros. En su momento los medios de comunicación la bautizaron como “Ley Atenco”, en relación con los hechos de los días 3 y 4 de mayo de 2006.
La Ley llegó a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, pues los propios diputados que la aprobaron presentaron después una acción de Inconstitucionalidad, empujados por las organizaciones civiles, partidos opositores al PRI y las comisiones nacional y estatal de los derechos humanos.
Los ministros determinaron que la policía, en ningún momento, puede considerar la fuerza pública como primera opción, pues siempre debe de realizar un análisis de la situación e implementar los medios menos lesivos posibles.
Respecto a las armas de fuego, la Corte explicó que antes de usarse, siempre como última y extrema opción, los policías están obligados a avisar de manera clara a las personas que utilizarán dichas armas para controlar la situación.
Mientras que los artículos que habían sido impugnados por la CNDH y la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México, 14, 15 y 16 de la denominada “Ley Atenco”, fueron avalados por los ministros de la Suprema Corte.
Estos artículos establecen que cuando en una asamblea o reunión, las personas se encuentren armadas o la petición de protesta ante las autoridades se exprese con amenazas para intimidar u obligar a resolver en un sentido determinado, la policía podrá hacer uso de la fuerza pública.
La ley fue impulsada por el gobernador del Estado de México, Eruviel Ávila, y aprobada por el Congreso mexiquense. Activistas y defensores de derechos humanos la criticaron por “criminalizar y reprimir la protesta social”.
Hay que considerar que los derechos humanos son derechos de todas las personas, como consecuencia, es obligación de Estado garantizar y proteger los derechos de los ciudadanos al abuso del poder de la autoridad, de la delincuencia y de los poderes monopólicos.
Nuestro país atraviesa una grave crisis en materia de derechos humanos. Miles de personas y familias en todo el territorio nacional han sido afectadas por desapariciones forzadas, secuestros, homicidios dolosos, feminicidios y violencia de género, desplazamientos, extorsiones, despojos y nuevas modalidades de esclavitud.
Con relación a la Ley Atenco, diputados de Morena anunciaron a fines de 2018 que preparan una estrategia para lograr que la Suprema Corte de Justicia de la Nación declare inconstitucional la nueva ley. A través de la Comisión Nacional de Derechos Humanos y otros organismos de protección de derechos presentarán una controversia constitucional ante la SCJN.
En contraste, para el gobierno del Estado de México esta ley es necesaria para garantizar el cumplimiento de su responsabilidad de proteger los derechos humanos, entre ellos el derecho a la vida, la libertad y la seguridad de las personas. Para garantizar éstas, cuando otros medios resulten ineficaces o no los garanticen "será pertinente el empleo de la fuerza a través de las instituciones de seguridad pública, respetando los derechos humanos".
Pueblos y comunidades organizados del Estado de México se pronunciaron contra la nueva ley y pidieron a la CNDH interponer una acción de inconstitucionalidad, pues consideraron que la ley "va dirigida a quienes protestamos y nos defendemos".
Pero una cosa es ser opositor sistemático y otra gobierno, y eso lo ha entendido a su conveniencia el gobierno federal, que impulsó una muy similar a la “Ley Atenco” en Tabasco, ni más sin menos que la tierra del Presidente de la República, en donde sostienen el proyecto de la Refinería de Dos Bocas, uno de los más importantes de su gestión.
No quieren que nada ni nadie perturbe el desarrollo de esas obras y por eso la aparición de la que se ha dado en llamar “Ley Garrote”.
El gobernador de Tabasco, Adán Augusto López Hernández (Morena), ordenó la publicación en el Periódico Oficial del estado, de la reforma al Código Penal, donde se establece una pena de hasta 20 años de prisión para quienes extorsionen a empresas públicas o privadas y obstaculicen las obras. Hoy ya está en vigor.
El secretario de Gobierno, Marcos Rosendo Medina Filigrana, confirmó que en el portal oficial de la dependencia que encabeza fue publicada la modificación al Código Penal de Tabasco.
En la Ciudad de México, las fuerzas políticas de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión señalaron que la llamada “ley garrote” criminaliza la protesta social y es una traición a los movimientos sociales.
Estos señalamientos los emitieron miembros del PAN, PRI, MC y PRD; al rechazo se sumó el PES, que se reconoce como seguidor de la cuarta transformación.
La diputada María Rosete Sánchez (PES) dijo que su fuerza política “está en contra de este tipo de reformas” y señaló que la reforma será “traición a la sociedad de Tabasco”.
Senadores y diputados de Morena justificaron la modificación con señalamientos de que se castiga la extorsión en la realización de obras. “Estamos poniendo orden en casa”, indicó la diputada tabasqueña María de los Ángeles Huerta.
Así transitamos sin mayor problema de la “Ley Atenco” a la “Ley del Garrote”.
