Se empieza a hacer costumbre que las exigencias de grupos tradicionalmente violentos cometan cualquier cantidad de destrozos y delitos para conseguir lo que buscan o reclaman, solapados por el gobierno federal, y esto puede ser así porque fue la misma fórmula que utilizó por mucho tiempo y que le dio tan buenos resultados cuando se encontraban del lado de la oposición.
Grotesco espectáculo ofrecen los que abusando de una libertad mal entendida dan a la sociedad, la que un día sí y el otro también, sufre los embates que deciden llevar a cabo los llamados manifestantes. El derecho de unos se quiebra inevitablemente por el que reclaman los otros, sin consideración alguna.
Se ha colocado al centro del debate ciudadano, que impotente reclama a la autoridad su intervención, sobre lo que se quiere considerar como represión y lo que debe ser el uso legítimo de la fuerza con la que cuenta el Estado para salvaguardar la seguridad de la población. De forma tendenciosa se usa el concepto de una, que se proyecta más como una inactividad indolente para evitar cumplir con su función, por encima de la otra, que se estigmatiza a su conveniencia.
Es precisamente el uso que el actual gobierno hace de forma abusiva de conceptos como la corrupción o la represión para ocuparlos como pretexto y darles una especie de legalidad a todas sus acciones, ya sea para bien, o para mal, o para evitar intervenir con la fuerza del Estado para imponer la ley.
Es imposible apartar el hecho de que el crimen le lleva mucha ventaja al Estado. En lo que va de este sexenio los índices delictivos han superado máximos históricos, así lo señalan las cifras, sólo que parece que no hay en la oposición alguien con la fuerza real como para ser escuchado.
Ahora, todo se le permite al titular del ejecutivo federal, ya que al señalarse algún desatino, viene una gran cantidad de defensores que repiten como canción ¿Dónde estaban cuando los anteriores…? Lo que sí habría qué preguntar es: ¿dónde están ahora? Es en este momento que se necesita el reclamo social, o acaso ¿hoy sí está permitido pasar por encima de la ley y antes no?
Viene a cuenta lo siguiente: los amparos de los que tanto se queja el presidente, son herramientas que le permiten a los ciudadanos evitar que la autoridad pase por encima de sus derechos, López Obrador es renuente en cumplir con las exigencias de ley, acusa a los que los interponen en lugar de corregir y observar la normatividad.
El presidente juró cumplir y hacer cumplir la Constitución y las leyes que de ella emanen, es quien debería poner el ejemplo.
Es un contrasentido infame observar que para los grupos identificados afines a su gobierno, ya sean los llamados radicales, o los sindicatos de maestros, entre otros, sí tienen permiso para vandalizar, para cometer cualquier cantidad de delitos, y como premio recibir con una sonrisa todo lo que piden, mientras que las universidades cuando anuncian hacer un paro por los recortes que sufrieron y que no les permite cubrir con lo elemental de su funcionamiento, se les diga que no cederá a chantajes, y ¿como demonios se le puede llamar a lo que hicieron los de Tenería y de la CNTE?
El uso de conceptos tergiversados a modo, pintan de cuerpo entero la forma de gobernar de López Obrador, arrecia contra la prensa fifí, esa que le incomoda por señalar en crítica sus desaciertos, o contra los que considera sus adversarios, y consciente en exceso a los que pueden ser considerados como sus consentidos.
Estamos entrando claramente en un peligroso e intransitable estado de derecho fallido, en donde unos pueden hacer lo que se les antoje, siempre y cuando formen parte de los que simpatizan con el nuevo gobierno, mientras que a todos los demás se les somete.
Causa una verdadera vergüenza, incertidumbre y preocupación, que esos que se dicen estudiantes y posteriormente maestros sean los encargados de la educación de los niños cuando salgan de la Normal, cabe preguntar; ¿qué les enseñarán?, ¿a vandalizar, a apoderarse de camiones, de casetas, de carreteras, de vías del tren?
La animadversión por los empresarios es más que manifiesta, por cada manifestación que se presenta reportan pérdidas millonarias, pero no hay ninguna posibilidad para evitarlo, con el pretexto de que no habrá represión, los agresores saben que cuentan con la vía libre sin consecuencia alguna, mientras que aquellos tienen que buscar la forma de proteger sus negocios.
Ahora, estos estudiantes, si se les puede llamar de esta manera, de la Escuela Rural de Tenería, se han salido de nuevo con la suya, y aún hasta parece burla, obtuvieron lo que quisieron de la autoridad, arrancaron 84 plazas, incluyendo el pase con 6 de calificación ¿qué tal? Pero además, les valió un cacahuate el arreglo al que llegaron y tomaron una caseta de cobro hasta que se les dio la gana.
¿Y dice el presidente que no cederá a chantajes? A eso se le llama cinismo.
92 es el número de los autobuses retenidos, 92 son los conductores privados de su libertad, que aunque salieron a decir que los trataban bien, y que les daban de comer, el delito prevalece, y si acaso ellos fueron por su propia voluntad, también están cometiendo entonces por complicidad un delito, pero, no pasará nada.
Odilón López Nava, delegado en el Estado de México de la Cámara Nacional del Autotransporte de Pasaje y Turismo (Canapat) se ha cansado de denunciar los actos a los que los tienen sometidos los de Tenería, no se les hace caso y los otros se permiten someterlos cada vez que así lo desean, pero al final del día es su patrimonio el que resulta afectado, y en ellos quedará la decisión, sin embargo, hay delitos que se persiguen de oficio.
Al no imponerse la ley, el gobierno se vuelve cómplice, y da paso a la impunidad, esa que el presidente López Obrador dice que ya no hay. El estado de derecho se encuentra en agonía.
