La semana pasada dimos cuenta de la terrible situación que viven las mujeres en el Estado de México en términos de violencia en su contra. Problema estructural que refleja lo más espeso de nuestra sociedad, con familias rotas debido a una cultura deformada que es deber modificar entre todos, desde varios frentes institucionales se ha venido haciendo frente al problema.
El fenómeno hasta hace poco fue negado en diversas esferas oficiales, a pesar de lo viejo de la historia, y poco a poco se ha edificado un andamiaje legal para empezar a combatirlo.
Los esfuerzos realizados hasta ahora no han sido menores, si se atiende al vacío legal y de acciones concretas que había prevalecido durante décadas. Aunque ciertamente falta mucho por hacer si se observan con preocupación, más que con morbo social o político, los datos mensuales que reportan tanto de feminicidios como homicidios dolosos, ni hablar de lesiones, acosos y ataques sexuales.
Desde el Poder Legislativo Mexiquense, por ejemplo, tiene poco más de un año que la LX creó la Comisión Especial para Combatir y Erradicar la Violencia Vinculada a los Feminicidios, esto después de casi tres años de que se decretó Alerta de Género en 11 municipios.
La impulsora de la iniciativa, la legisladora Karina Labastida Sotelo, fue designada para quedar al frente y, desde entonces, con la participación de la Fiscalía General de Justicia de la Entidad (FGJEM), el Centro de Atención a Víctimas de la Violencia y el Consejo Estatal de la Mujer, se han desplegado una serie de acciones coordinadas para combatir el problema.
Hay que reconocer que, justo desde el trabajo legislativo, se ha impulsado otorgar más recursos a la Fiscalía para contar con más personal y capacitado, así como articular esfuerzos que anteriormente se hallaban dispersos pero que ahora cuentan con un marco normativo adecuado, el cual permite que los municipios alertados puedan disponer de recursos y aplicarlos, fondos que apenas el año pasado quedaron sin ser utilizados por falta de información y de acciones coordinadas.
Las legisladoras de morena, así como las servidoras públicas de la Fiscalía y del gobierno estatal, han estado trabajando todo este año, visitando incluso instalaciones para proponer su mejora o para atender personalmente a representantes de colectivos y familiares de víctimas.
Hay otra actitud frente al problema, sin duda, porque incluso desde la LX Legislatura se impulsó la creación de comisiones edilicias en los 125 gobiernos municipales, con y sin alerta, para crear su normatividad local y enfrentarlo desde ese ámbito.
Recientemente, la legisladora Karina Labastida Sotelo presentó otra iniciativa para involucrar más a los ayuntamientos en el asunto, porque parece tener claro que desde ahí es donde debe iniciarse el ataque frontal a la violencia contra las mujeres, sin dejar de lado la responsabilidad que tiene en todo esto el gobierno estatal.
En otras palabras, desde la Legislatura local se ha actuado como un gran articulador de esfuerzos que va de lo estatal a lo municipal, más allá de aportar su parte, muy meritoria, en el ámbito que le corresponde, como al parecer sucederá también en el caso de las personas desaparecidas, principalmente mujeres.
Es de esperarse que así sea, por el bien de todos y, sobre todo, de todas las familias y mujeres afectadas que al fin están contando con las vías necesarias para ser atendidas y recibir justicia, especialmente esto.
