La lucha contra la corrupción en el Estado de México sigue su marcha… aunque a paso lento y no por voluntad personal, sino por el diseño institucional con el que surgió el Sistema Anticorrupción del Estado de México y municipios.
Si bien se colocó en el centro de esa batalla a la participación ciudadana como eje articulador entre la sociedad y el gobierno, no existen condiciones institucionales que le den solidez y fortaleza a esa figura: “En los hechos es el eslabón más débil del mismo”, advirtió la presidenta del Comité de Participación Ciudadana (CPC) y del Sistema Anticorrupción de la entidad, Palmira Tapia Palacios, al rendir el informe anual de ese comité.
Antes de dejar la responsabilidad, que concluye este 18 de octubre, Tapia Palacios rinde otro informe correspondiente al Comité Coordinador -que integran seis instancias que representan a los tres poderes del Estado y un órgano autónomo, que es el Instituto de Información, Transparencia y Acceso a la Información (Infoem)-, y que es responsable de analizar, definir y operar las acciones en materia anticorrupción para el Estado de México.
Y aunque una ciudadana encabece al Comité Coordinador, su perspectiva se enfrenta a la necesidad de articular los esfuerzos de las instituciones públicas. Tapia Palacios explicó que los ciudadanos del CPC trabajan “sin una estructura o presupuesto propio, ni facultades legales de investigación, fiscalización o sanción, (y) tienen la compleja tarea de coordinar a las autoridades encargadas en la materia, además de construir una red de vinculación con toda la sociedad”.
¿Usted se puede imaginar que un ciudadano le dé instrucciones al contralor del Poder Legislativo o a un magistrado integrante del Consejo de la Judicatura?, ¿O que determine algún cambio en las políticas públicas en la materia, cuando su voto sólo es uno frente a siete?
Sin duda es una tarea compleja.
Hasta esta fecha, el Sistema Anticorrupción de la entidad ha tenido dos presidencias. El primer año lo encabezó el ex rector de la Universidad Autónoma del Estado de México (UAEMéx), José Martínez Vilchis. Batalló, primero y toda su gestión, por el reconocimiento real de las diferentes instancias y su lucha central fue la gestión de recursos, porque si bien se le asignó un presupuesto al Sistema, ese dinero no llegó, como lo señaló públicamente el ex rector. Poco pudo hacer, porque ni oficinas tenían.
Lo más que lograron fue sistematizar sus reuniones semanales –en una casa prestada- y designar a la Secretaria Ejecutiva del Sistema Anticorrupción, que en la primera etapa fue la doctora Josefina Román Vergara, a quien le correspondió crear la estructura administrativa de la secretaría y hacer los primeros nombramientos en las diferentes áreas. Ahora es consejera del Instituto Nacional de Acceso a la Información (INAI).
Desde mayo de este año, la Secretaría Ejecutiva es Claudia Valdés López, quien ha renovado procesos y uno de los grandes logros que han alcanzado es la construcción de la Plataforma Digital en el Estado de México, que es una herramienta tecnológica que integrará seis sistemas de datos prioritarios para generar inteligencia de información contra la corrupción, desde cualquier orden de gobierno.
En ese sentido, Palmira Tapia informó que el CPC ha dado seguimiento a los trabajos realizados por la Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal Anticorrupción y gracias a la coordinación con las instancias que integran al Comité Coordinador, desde el cinco de septiembre pasado la Secretaría de la Contraloría, el Infoem y el Tribunal de Justicia Administrativa, proveen información a la Plataforma Estatal Digital. Con ello, el Estado de México es la primera entidad del país en concretar esta acción.
A pesar de los avances, en una expresión de honestidad, Palmira Tapia Palacios expresó en su mensaje: “Como ciudadanos involucrados en este nuevo andamiaje institucional necesitamos hacer un sano y obligado ejercicio de autocrítica: aún nos falta mucho para que el CPC sea una caja de resonancia para la ciudadanía. No podemos pasar por alto que la sociedad está cansada y clama de manera legítima acciones más contundentes contra el flagelo de la corrupción”.
PERCEPCIÓN
Ante el cruce de declaraciones entre los integrantes de la Legislatura del Estado de México y las autoridades de la Universidad Autónoma del Estado de México, ¿sería muy descabellado que las y los diputados conocieran toda la universidad y sus crecientes demandas, y que pudieran valorar el crecimiento sostenido que se le ha exigido?
Porque desde hace 20 años el presupuesto federal y estatal se ha reducido sistemáticamente hacia la casa de estudios.
Twitter: @RJoyaC
