En el Estado de México, hasta diciembre del 2019, se tenía registro de 15 mil 631 personas con VIH SIDA, de las cuales, más de la mitad dependían del desaparecido Seguro Popular para su atención médica y la dotación de los medicamentos para su atención.
Son de los más afectados con el cambio en el esquema de atención médica del sector salud federal, pues, a partir del primero de enero de este año, quedaron sin el amparo del Seguro Popular y enfrentan un grave problema para acceder ahora a los medicamentos y tratamientos necesarios.
El llamado Instituto de Salud y Bienestar (Insabi) que puso en marcha el gobierno federal en sustitución del Seguro Popular, que el presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que estará funcionando a finales de 2020 para los 69 millones de mexcanos que no gozan de seguridad social, absorbería el tratamiento de quienes padecen la enfermedad.
En las salas de espera de clínicas y hospitales del sector salud, las personas con VIH van con su cartilla del Seguro Popular bajo el brazo, quieren respuestas sobre los responsables de entregarles los retrovirales, sin que nadie sea capaz de resolverles quién o qué instancia será ahora la responsable de su tratamiento.
El Instituto de Salud del Estado de México dio cuenta, también en diciembre del 2019, que atendía a 8 mil 440, con este padecimiento, de manera gratuita, pero la mayoría lo hacía precisamente a través del esquema del Seguro Popular. En este primer mes, nada y muchos han mostrado preocupación.
Hasta el momento nadie ha dado a conocer qué es lo que pasará con este sector de la población que quedó en el desamparo médico para la atención de una enfermedad que lamentablemente no tiene cura definitiva y que obedece a un esquema de tratamiento prolongado y costoso, al que muy pocos pueden hacer frente por sus propios medios.
Urge una respuesta del sector salud del país a este sector de la población. No pueden esperar a que termine el año para ser atendidos. Los tratamientos no deben suspenderse porque es una cuestión urgente de sobrevivencia para cada persona afectada por éste, que fue llamado el mal del siglo XX.
Las clínicas y hospitales del Estado de México están resultando incapaces de dar respuesta, ya que atraviesan graves problemas de infraestructura, equipamiento y desabasto de medicamentos. Hay muchas vidas en riesgo por esta transición de un esquema, que si bien podía tener sus limitantes y errores, por lo menos debió bajo control a quienes enfrentan los más graves problemas de salud.
Se trata de una cuenta regresiva que lamentablemente puede cobrar vidas y que va mucho más allá de los evidentes problemas políticos con los que se ha tratado este problema, derivado de la extinción del seguro popular.
Los enfermos con enfermedades crónico degenerativas, porque no sólo son quienes padecen VIH, sino diabetes y cáncer, entre otras, no pueden esperar a que las autoridades se pongan de acuerdo, pues sus vidas corren peligro, sin discursos, en los hechos, en una carrera contra el tiempo en la que ellos siempre los ciudadanos llevamos las de perder.
