Dos semanas bastaron para destapar lo que todos ya sabíamos: el sistema penitenciario mexiquense sigue podrido y a punto del colapso, pese a los señalamientos y advertencias que una y otra vez han hecho organismos de derechos humanos. Todavía el año pasado la CNDH y la Codhem realizaron observaciones sobre la situación: una sobrepoblación de 164 por ciento en los 22 centros penitenciarios.
Los videos dados a conocer por la Agencia MVT de extorsión, autogobierno, torturas y abusos de la banda de “El Tatos”, obligaron al nuevo gobierno a actuar de inmediato. A apagar incendios, como dijo la secretaria de Seguridad Maribel Cervantes Guerrero, quien apenas días antes había sostenido que el sistema penitenciario no tenía problemas, que no había autogobiernos.
¿De verdad el director de Prevención y Reinserción Social, el general Luis Arias González, no sabía qué pasaba? ¿La titular de la nueva secretaría fue malinformada? No tardó mucho en reventar como olla de presión. La pregunta desde hace dos años fue ¿Por qué un general del Ejército y no un criminólogo?
La tensa situación en Neza Bordo no para y seguramente habrá mucho más. Es sabido que los criminales tienen códigos invisibles y difícilmente soltarán el control y privilegios de los que han gozado por décadas.
Será muy complicado para el gobierno de Alfredo del Mazo Maza acabar con estas redes de corrupción y criminales enquistadas en las cárceles. Un negocio de millones. Lo más grave, es que ha quedado demostrado que los internos pueden someter al sistema oficial. Debió intervenir la comisión de Derechos Humanos del Estado de México para que liberaran al director del penal que estaba retenido o “secuestrado”, junto con otros custodios.
Debieron ceder en algunas demandas para que los liberaran. Pese a que el tema quiso ser ocultado oficialmente, los propios reos pudieron grabar (¿con teléfonos celulares? ¿Hablar con sus familiares desde el interior?) para que se conociera la situación. Los peligrosos, los desalmados, tenían miedo de que los golpearan, extorsionaran y amenazaran con hacer daño a sus familias. Debieron darles ¿garantías?
El traslado de reos a otros penales, como ayer se hizo, no será suficiente mientras no haya articulación entre el sistema judicial y de readaptación social. Los detenidos por la Fiscalía de Justicia los “avientan” a las cárceles. Conviven durante el proceso con los sentenciados. de tal forma, como lo han dicho los expertos, se convierten en verdaderas escuelas del crimen.
Lo mismo sucede con los menores de edad. Hay quienes han robado un gansito y son encerrados en convivencia con quienes han cometido hasta homicidios. Salen como maestros del delito.
El caso de El Tatos no puede verse como un hecho aislado. En los penales y fuera de ellos hay “tato’s”: los que abusan, torturan, extorsionan, amenazan…
Hoy el gobierno de Alfredo del Mazo tiene la oportunidad si hay un equilibrio entre la administración de justicia, procuración y reinserción. La educación y el trabajo penitenciario digno deben ser considerados como la mejor forma de lograr sanear el sistema carcelario. La iniciativa privada debe participar en la construcción de penales para ingresar a reos de mediana peligrosidad y despresurizar los actuales. En fin, ojalá así sea.
