Volver a la normalidad para los trabajadores del volante, no es precisamente regresar a la que puede referirse al momento previo a la llegada de la pandemia ocasionada por el Covid-19 de principios de año. Volver a la normalidad para ellos, es la de solicitar prórrogas en la regularización de licencias y permisos, y el cese de operativos.
Para los operadores del transporte del servicio público como para muchos sectores más, las complicaciones a las que se tuvieron que enfrentar para adecuarse y poder trabajar detrás del volante, no fueron nada sencillas; encontrar la manera de garantizar protegerse y proteger a los usuarios para continuar prestando el servicio.
De hecho, se esperaba que el servicio público de transporte ajustara esas condiciones de manera urgente, pues no se conocía el tiempo en el que la ciudadanía, casi toda, tendría la obligación de resguardarse en sus hogares para evitar que la enfermedad se propagara de manera exponencial.
Ni siquiera las autoridades lo tenían previsto, de acuerdo a como fueron ajustando todo, o alguna remota idea de lo que se debería haber hecho para coordinar acciones con la ciudadanía. Lo más lógico era que se siguieran los lineamientos dictados por la Organización Mundial de la Salud (OMS), pero cada país determina la política a seguir, y ahí es en donde está la gran diferencia.
De la misma forma, el regreso a una nueva normalidad como se le ha calificado al tiempo de re inicio de actividades, es hacerlo con los ajustes implementados para continuar con ellos hasta que se despeje la posibilidad del contagio incontrolable, adoptando esas medidas recomendadas para empezar a realizar las acciones de la vida cotidiana e impulsar la apertura de la economía.
Ahora bien, respecto de los trabajadores del volante y su nueva normalidad, como ya se señaló, incluye la de la regularización de licencias y permisos, que se vieron entorpecidos por obvias razones, en principio, por la reducción del personal que atiende esos trámites por instrucciones oficiales, por la suspensión de actividades calificadas como no esenciales.
Sin embargo, los operativos realizados por la Secretaría de Movilidad no cesaron del todo. Con la encomienda de supervisar que las unidades del transporte público implementaran las medidas sanitarias, dicha secretaría tuvo que hacer las revisiones correspondientes a través de operativos, porque los concesionarios y operadores no se distinguen precisamente por hacerlo de “motu proprio”.
En este sentido, el servicio del transporte público es básico para la movilidad de los trabajadores. El lapso de cuarentena no podía alargarse por tiempo indefinido. Ni las empresas ni los trabajadores podrían soportar por mucho la inactividad.
El momento improductivo derivó en una gran cantidad de desempleo. La razón es lógica por la indiferencia mostrada del gobierno federal. Ante esa inexistencia de apoyo se veía urgente la necesidad de reactivar la planta productiva, aunque de acuerdo con los expertos, la activación no será suficiente porque la crisis económica será bastante larga. Caerá como balde de agua fría a toda la población.
El transporte entonces, se convierte en un aliado para mover de nuevo a los trabajadores y con ellos a la economía, para empezar a reabrir empresas y negocios, que no con ello se reactiva en automático la actividad plena como se encontraba desde antes del encierro obligado.
Con la nueva normalidad, para los transportistas, van incluidas las inspecciones de la secretaría de Movilidad, antes llamada secretaría del Transporte. Aunque en realidad el cambio de nombre de dicha dependencia no ha hecho diferencia alguna, pues a la fecha sigue realizando para fines prácticos únicamente la función de secretaría del Transporte, ¿para qué la necedad de intentar hacer la diferencia?, los secretarios no le han dado profundidad a ese cambio; y en honor a la verdad, no tiene ningún caso la pomposa denominación.
Por otro lado, los operativos son identificados como el talón de Aquiles de esa dependencia. Han pasado los diferentes titulares y las cosas no mejoran del todo; entre las exigencias de la autoridad y muchas veces, el vale madrismo de los empresarios transportistas, evitan una coordinación eficaz en beneficio de los usuarios y la población en general.
Pero no es únicamente lo que para los concesionarios representa la molestia de los operativos, pues además, sus operadores se tienen que enfrentar a las diferentes corporaciones policiacas, porque aunque en apariencia cuenten con todo en regla, siempre habrá “algo” para ponerlo como pretexto y no dejar ir tan fácilmente a la presa.
El lunes 31 de agosto desde las 10 de la mañana, varios taxistas llevaron a cabo una manifestación en la Plaza de los Mártires, lo que desquició a la ciudad capital del Estado de México, y en la que intervinieron unos 500 taxistas aproximadamente, que solicitaban la intervención del gobernador Alfredo del Mazo Maza para que los atendiera, con la queja de que tienen que pagar de entre 5 a 6 mil pesos a las autoridades que los interceptan, de lo que ya están cansados, señalaron, exigiendo un diálogo con el secretario, porque de no ver resueltas sus exigencias, amenazaron que al día siguiente extenderían los bloqueos por avenidas principales.
Es verdad que los transportistas, tanto empresarios como operadores no se distinguen por ofrecer el mejor servicio posible, las quejas son muchas y los reclamos de los usuarios no cesan, pero sí es importante tomar cartas en el asunto y resolver los conflictos que se derivan de su actividad.
En el problema del servicio del transporte púbico es fundamental exigir un buen servicio, pero eso es lo que hay porque para que autoridad y empresarios resuelvan el añejo problema se ve lejano.
