Una estrategia que han seguido los gobiernos del PRI en el Estado de México en torno al transporte público, ha sido mantener a las rutas fijas y los sitios de taxis como mercado electoral cautivo a través de los distintos trámites que realizaba en su momento la Secretaría de Trasporte, hoy Secretaria de Movilidad, además desde luego de tolerar una serie de anomalías en la operación y transmisión de los títulos de concesión, así crecieron muchos dirigentes que al día de hoy amasan aun mucho poder político y económico, todo ello, con lo que lograron que en las elecciones este sector, votara mayoritariamente por los candidatos el aun partido en el gobierno.
Las anomalías que se han presentado desde hace muchos años en el trasporte público, principalmente en el tema de unidades operando con supuestas concesiones o permisos aun en trámite, le brindó a los gobiernos priístas 2 ventajas, por un lado permitir la operación bajo estás condiciones le garantizó la lealtad electoral del pulpo camionero y el gremio de taxistas, y por el otro, este sector es y ha sido una fuente de financiamiento inagotable, millones y millones de pesos se recaban cada año a través de los operativos donde la Secretaria de Movilidad verifica supuestamente, que no existan las anomalías que ellos mismos generan y toleran.
El año electoral está por comenzar, la gran pregunta en este tema es si la medida seguirá funcionando, la respuesta creo es no, la sociedad está muy lastimada económicamente y el sector del transporte no es la excepción, mientras que la Secretaria de Movilidad lejos de buscar alternativas de solución de fondo, continúa con operativos todos los días en todo el territorio de la entidad, que le dan entradas de dinero a la estructura burocrática, tanto de forma legal, como ilegal.
No sabemos el grado de descontento, pero de que el sector del transporte está molesto además de fragmentado, esto es una realidad, una circunstancia que le pesará la factura al PRI en las próximas elecciones, primero las municipales y después en las que se renovará la gubernatura del Estado, la fuerte incidencia que tenían las cúpulas del transporte en los municipios se ha diluido casi hasta extinguirse y así no hay garantía de que logren nuevamente una votación importante que provenga del transporte en sus distintas modalidades.
Sin ningún empacho vemos desde hace algunos meses la participación de dirigentes importantes del transporte con prácticamente todos los partidos políticos, la idea monolítica de votar y trabajar solo con el tricolor quedó atrás y con sobrada razón, los gobiernos priístas abusaron de este sector, de hecho no se han dado cuenta de ello o tal vez lo tienen tan claro, que están dispuestos a llegar hasta donde el abuso lo permita, que el sector del transporte siga propircionando todo el dinero que sea posible, al final del día en una elección no hay dinero que alcance.
Lamentablemente el futuro no es muy alentador para los transportistas de la entidad, ni morena con una mayoría clara en el Congreso del Estado de México tiene mucho interés en entrarle a resolver la problemática casi interminable que se vive en este rubro: concesiones vencidas, concesiones vendidas a terceros, lo que está prohibido por ley, unidades sin permiso o concesión, un parque vehicular que está en un 60% fuera de norma, es decir, las unidades además de que no cuentan con el equipamiento mínimo, ya tienen más años de los permitidos, a lo hay que sumar el hecho de que la Secretaria de Movilidad exige que sean los transportistas los que carguen con el 100% de los costos de instalación y funcionamiento de cámaras de seguridad en sus unidades y botones de pánico, algo complicado en un sector prácticamente quebrado.
Los transportistas necesitan quién, en un plan muy serio, propongan alternativas de solución de fondo, que propongan modificaciones a la Ley de Movilidad y el Código Financiero del Estado, en las que principalmente se les de certeza a los actuales tenedores de los títulos de concesión, que se regularice la situación de las miles de bases de taxis en la entidad y desde luego también derroteros, más allá de promesas encaminadas a seguir permitiendo el funcionamiento en la irregularidad.
Desde luego que estas promesas de fondo representan un esfuerzo grande de tipo económico, un esfuerzo que debe ser absorbido tanto por el gobierno del estado, como por los mismos transportistas, de otra forma no será posible terminar con este problema en el que se benefician unos cuantos.
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*Delegado Presidente de la Delegación Valle de México del
Colegio de Abogados del Estado de México A.C.
