“Así como la premisa bíblica decía ganarás el pan con el sudor de tu frente, también lo cierto es que solamente peleando alcanzarás tus derechos”
Von Ihering en La Lucha por el Derecho
Llegó el tan esperado informe de la cuenta anual 2019 de la Auditoría Superior de la Federación y se acompañó, como era de esperarse, de grandes inconsistencias que prenderían sin lugar a duda la mecha corta del presidente y generarían una batalla campal de fuego cruzado de las dimensiones de sálvese quien pueda entre los dimes y diretes.
Era muy esperado este reporte porque es el primero que evalúa un año fiscal y calendario completo de la administración de Andrés Manuel López Obrador y su gabinete y trajo consigo los siguientes datos:
Se detectó un monto por aclarar de más de 2,509 millones de pesos (mdp) en distintos proyectos de inversión en los puertos de Veracruz y Topolobampo, de acuerdo con los resultados del ejercicio de fiscalización de 2019, a los que se suman varias irregularidades en el Puerto de Lázaro Cárdenas.
Al programa estrella de la administración "Jóvenes Construyendo el futuro" de la Secretaría del Trabajo hay al menos 51 millones de pesos sin aclarar derivados de empresas fantasma o que fueron registradas sin su consentimiento, entrega de recursos a personas que ya recibían apoyos para estudiar, así como a otras que ya habían fallecido, pero esas prácticas ya no existen dice AMLO.
Por su parte "Sembrando vida" sembró más dudas e inconsistencias que apoyos reales a los beneficiarios 1,832 millones 710,896 pesos sin aclarar y carencias en su diseño, no se acreditó con estados de cuenta bancarios la entrega de recursos a 61,602 beneficiarios por el equivalente a 338 millones 362,700 pesos entregados en efectivo, entregó apoyos a 196,651 personas sin contar con un plan de trabajo ni acreditar el cumplimiento de las actividades en los primeros meses en que supuestamente las ejercieron. Mientras que 896 personas que no estaban registradas como beneficiarias recibieron apoyos por un total de 9 millones 891,000 pesos.
La secretaria consentida de la administración, Irma Sandoval y la institución a su cargo fue acusada de no cooperar, de no entregar información solicitada, de no permitir el acceso a los auditores a realizar la visita de revisión física, y esta respondió que no era del todo cierto.
Pero eso no era todo, el reporte contiene golpes contundentes a los tres proyectos insignia del titular del ejecutivo, la refinería Dos Bocas, que la infraestructura de la refinería tiene grandes riesgos de ser subutilizada debido a la baja constante en la extracción nacional de crudo y a la ausencia de una estrategia integral para aumentar la producción del hidrocarburo, elemental en el proceso de refinación.
A su vez el Tren Maya presenta irregularidades por gastos injustificados por 135 mdp y dudas en la rentabilidad y la planeación y aunque Fonatur dice que cumple con la normatividad, en las siete auditorías realizadas, la entidad fiscalizadora encontró inconsistencias en la planeación del proyecto, en la consulta realizada a comunidades indígenas que viven en la zona, su rentabilidad y costos injustificados por un monto total de 135 millones 389,793.21 pesos, entre otras.
Y la gota que derramó el vaso fue la cancelación del NAIM, donde se dijo que su cancelación tuvo un sobrecosto 232% mayor al estimado por el gobierno federal para ascender a los 331,996 millones de pesos, ante esto el presidente expresó muy a su estilo que la auditoría estaba mal, que son politiquerías, que él tenía otros datos e instó al titular del órgano fiscalizador autónomo a que corrigiera sus datos, situación que no tardó en darse, ya que por la tarde el auditor superior reconoció una inconsistencia en los modelos y ordenó una revisión exhaustiva del caso; dejando de lado la separación de poderes, la autonomía de la institución que encabeza, el apoyo de las bancadas de la oposición de respetar a las funciones y atribuciones de esa auditoría ya no superior, así como la Corte ya no es Suprema, demostrando que el dedazo sigue vigente en México y que la ASF se cuadró para cuadrar con los otros datos del presidente.
Por cierto: Politiquerías sí es la que se orquesta desde Palacio y se lleva a cabo desde la glorieta de Insurgentes y San Lázaro para buscar el desafuero del gobernador constitucional de Tamaulipas, Francisco Javier García Cabeza de Vaca, para buscar acusarlo de lavado de dinero y enriquecimiento ilícito, se hace casualmente en tiempo electoral, cuando hace más de 3 meses que de la boca de San Lozoya, el mártir, emanara ese nombre; ¿coincidencia o destino?
Y para variar: La inversión y las divisas siguen saliendo del país, aunque en el frente nos manejen que están llegando remesas como nunca en la historia. JP Morgan se va del país y deja a su cartera de clientes en BBVA, sin embargo, seguirá operando con mexicanos en el extranjero, los que están sacando sus capitales del país ante la incertidumbre donde las reglas cambian a capricho y necesidad del presidente que tiene controlados sus contrapesos en el Legislativo y Judicial dejando a los perseguidos por la Procuraduría Fiscal en un estado de indefensión, las reglas cambian peor que en Big Brother.
Héctor Alejandro Ramírez Medina*
* Economista por la UNAM, académico, columnista y articulista. Enlace Administrativo de la Coordinación del Programa de Posgrado en Derecho. Miembro de la Red Nacional de Jóvenes Investigadores del SIJ de la UNAM.
