El asesinato de Abel Murrieta Gutiérrez, candidato de Movimiento Ciudadano a la presidencia municipal de Cajeme, en Sonora, fue una barbaridad que termina por configurar al presente proceso electoral como uno de los más sangrientos de los últimos años.
Murrieta Gutiérrez realizaba acciones de proselitismo en la calle, repartía volantes y platicaba con la gente que se le acercaba, cuando de pronto se le acercaron varias personas y le dispararon 10 balazos que lo mataron de inmediato. La Fiscalía General de Justicia de aquella entidad, en una verdad de Perogrullo, determinó que esta acción fue planeada.
En el Estado de México, el presidente del Consejo Político Estatal del Movimiento de Regeneración Nacional, Maurilio Hernández González, que también es candidato a diputado local, advirtió sobre las amenazas que han recibido los candidatos de Morena y las agresiones que han sufrido en diversos municipios.
Isaac Montoya Márquez, delegado del Comité Ejecutivo Nacional de Morena en la entidad mexiquense, fue más allá al señalar que literalmente no pueden hacer campaña en el sur de la entidad porque las condiciones no se lo permiten. Los municipios de esta zona son una incógnita, porque también el PRD, tradicionalmente fuerte en esa región, ha llamado la atención por la falta de seguridad.
Hay que decir que algunos candidatos de Morena han sufrido agresiones directas, como es el caso de Alejandro Tenorio Esquivel, en San Felipe del Progreso; Armando Corona, en Ixtapaluca. Militantes y simpatizantes han sido agredidos a golpes en Ixtlahuaca, Ecatepec y Neza.
En el Estado de México las cosas no han pasado de amenazas y unos cuantos manazos, pero podría incendiarse en cualquier momento si no se detiene a tiempo, tal y como lo han previsto el gobierno estatal, el árbitro electoral y los dirigentes de los partidos políticos que se han comprometido en la mesa política a trabajar todos juntos por la paz.
En otras entidades la violencia también ha permeado. En Chihuahua, Yuriel Armando González Lara, candidato priista a alcalde de Nuevo Casas Grandes; Pedro Gutiérrez, precandidato de Morena a alcalde de Chilón; en Guerrero; el precandidato del PRD a la alcaldía de Chilapa, Armando Hernández Godínez; Octavio Solís, precandidato a la alcaldía de La Barca; Ivonne Gallegos, precandidata a la alcaldía de Ocotlán de Morelos; en Quintana Roo, Ignacio Sánchez Cordero, candidato en Puerto Morelos. En Veracruz, Gilberto Ortiz Parra, precandidato en Úrsulo Galván, y Melquiades Vázquez Lucas, precandidato en La Perla. Todos ellos muertos.
Un recuento de la consultora Etellekt asegura que a un mes de las votaciones, 79 políticos han sido asesinados durante todo el proceso electoral, de los cuales 31 eran aspirantes o candidatos, el mismo número de candidatos asesinados en los comicios de 2018. Al menos cuatro de los 31 asesinatos están presuntamente relacionados con el crimen organizado.
Según el informe, 48 por ciento de las víctimas mortales pertenecían a la coalición “Va por México” y 17% al Movimiento de Regeneración Nacional. En total se han registrado 476 agresiones contra políticos, que incluyen homicidios, amenazas, robos o secuestros, que dejaron 443 víctimas.
Y faltan tres semanas para los comicios, aunque de ellas sólo dos serán de actividad proselitista. Es deseable que estas agresiones paren, por el bien de la democracia.
