Justo el día en que los diputados del PRI, Verde, Nueva Alianza y parte del PAN aprobaron la ley de seguridad interior, con la que a los militares le dan más poder sobre el manejo de la fuerza contra el crimen organizado, justo ese día, Televisa dio a conocer la captura de cinco marinos que habían secuestrado a un empresario y político de Veracruz, por el que exigían 20 millones de pesos.
Era el 30 de noviembre de 2017, la cámara de diputados parecía un hervidero ante la negativa de partidos de oposición como Morena y el PRD, en aceptar esa ley que militarizaría al país.
Y a partir de ese momento, el país se convirtió en un hervidero porque la noticia de que la legislatura en San Lázaro aprobó esa ley que cayó como agua helada a varios sectores de la sociedad mexicana.
El temor de la sociedad es fundamentada porque sin ley, los militares abusaban de su cargo y utilizaban los instrumentos del gobierno federal para cometer ilícitos como ejemplo de los marinos que secuestraron al empresario.
De acuerdo al vídeo que se trasmitió en Televisa, los marinos secuestradores persiguieron al empresario veracruzano en una camioneta de la Secretaria de la Marina y utilizaron equipos de esa dependencia para cometer el delito.
Afortunadamente, el empresario pudo salir libre para retirar de un banco el dinero que le exigían los marinos y aprovechó sus relaciones políticas para buscar ayuda en la PGR y la Marina, para lograr detener a los marinos secuestradores.
Pero, qué puede hacer un simple mortal cuando es secuestrado por militares?
A principio del año, el 11 de enero de este 2017, otro grupo de marinos tenían secuestrado a un "huachicolero" sobre la carrera federal Texcoco-Calpulalpan para exigir a su familia el pago de rescate.
Ellos habían utilizado información, inteligencia de telefonía, armas y vehículos de la Secretaría de Marina para secuestrar a ese sujeto dedicado al robo de combustible de los ductos de Pemex, y en vez de entregarlo a las autoridades correspondientes, lo secuestraron para extorsionar a su familia.
Los marinos habían planeado el secuestros y la extorsión, por ello, taparon los números de la camioneta de la Secretaria de Marina, para evitar ser identificados; sin embargo, vecinos que vieron sospechosa su actitud, llamaron a la policía de Texcoco, para que fueran detenidos.
Ambos casos son ejemplos de lo que hicieron los militares sin ley de seguridad interior, ahora, con esa ley a su favor, van a ser intocables, y sus acciones serán incontrolables.
Hay muchos casos similares en todo el país y los militares son capaces de alterar escenas del crimen como sucedió en Tlatlaya con la ejecución de supuestos sicarios que cuando fueron capturados después de un enfrentamiento, en vez de entregar a los sobrevivientes, los mataron.
Pero México no es el único país en donde sus gobernantes exigieron la presencia del ejército en las calles para combatir a la delincuencia; en Argentina, El Salvador y República Dominicana, ya tuvieron sus amargas experiencias.
El primero de octubre de 2015, La República, un medio informativo de Perú, analizó la militarización de la seguridad pública en tres países por lo que ocurría en México, con los soldados en la calle.
Y pusieron ejemplos: el presidente de la República Dominicana, Leonel Fernández, impulsó en el año 2005 una reforma de seguridad pública para desmilitarizar a la policía, porque había crecido el número de muertos desde el año 2000, cuando los militares se hicieron cargo de la seguridad pública.
" En el primer año de la implementación de esta reforma la tasa de muertes violentas decreció de 26.7 por cada 100 000 habitantes a tan solo 17 muertes. Asimismo por primera vez en su historia, la conducción de la política pública de seguridad estuvo a cargo de una instancia civil", estableció La República.
Este medio informativo señaló que un caso diferente es el de El Salvador, un país que vivió una de las etapas más duras de su historia por el conflicto armado de la década de 1980. En aquella época la seguridad pública se encontraba bajo responsabilidad de las Fuerzas Armadas; y la ejecución de la política criminal, por parte del Ministerio de Defensa.
En 1996 se constituyó el Consejo Nacional de Seguridad Pública(CNSP), se dispuso la constitución de la Policía Nacional Civil(PNC), la Academia Nacional de Seguridad Pública (ANSP) y la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos (PDDH), entre otras instituciones, para ponerle fin a la militarización de la seguridad ciudadana.
"Un caso interesante es el que se vive en Argentina, en donde la creciente percepción de inseguridad en la población conllevó al apoyo a un mayor involucramiento de la Gendarmería Nacional en la seguridad ciudadana (esta institución, por su estructura y su doctrina, es más similar a una institución castrense que a un órgano policial) así como la creación de políticas restrictivas de la libertad (el decrecimiento de la imputabilidad de 16 a 14 años es un buen ejemplo)", escribió en el 2015 La República.
Sin embargo, investigadores resumieron que la solución militar a la seguridad pública, solo es una medida más represiva, aumenta el número de inseguridad y ocurren el mayor número de asesinatos.
En nuestro país, con la aprobación de la ley de seguridad interior ya hicieron saltar brotes de inconformidad y manifestaciones callejeras. Y eso que aún falta por ser aprobada por el senado de la República.
