Sin lugar a dudas, la corrupción sigue dando y mucho de qué hablar en nuestro vapuleado país, pese a las prédicas y decretos diarios del presidente Andrés Manuel López Obrador, quien ha asegurado que ya no hay más corrupción en su régimen, cuando la realidad rebasa las palabras y las mentir as rebasan la realidad de nuestra crítica situación por la que atravesamos los más de 125 millones de mexicanos.
A pesar que la erradicación de la corrupción fue su principal promesa de campaña, del inquilino del Palacio Nacional, su ineficiente e ineficaz gestión no ha querido ni ha podido combatirla eón en nuestra endeble nación, simplemente el año pasado nos ubicábamos en el lugar 104 de entre 128 naciones calificadas, hoy, nos encontramos en el lugar 113 países de 139 países analizados al obtener el peor desempeño en el combate a la corrupción. ¡Vergonzoso!
Este “honroso” lugar que obtuvimos en el Índice de Estado de Derecho 2021elaborado por la organización World Justice Project, dado a conocer el pasado viernes, nos dejó a tan sólo cinco lugares para ocupar la última posición, que es alarmante e indignante.
Por supuesto que el jefe del Ejecutivo alegará -como siempre- “yo tengo otros datos” y que dicho organismo miente, por el simple hecho de que AMLO ha acabado con la corrupción desde su tribuna de las costosas conferencias mañaneras, pues prácticamente la corrupción se abatió por decreto.
El reporte indica que “al igual que en la mayoría de países incluidos en dicho Índice, México sufrió caídas en dimensiones relacionadas con el espacio cívico (participación cívica, la efectividad de la sociedad civil y la prensa como contrapesos al Ejecutivo, libertad de opinión y expresión, y libertad de reunión y asociación). Además, aumentaron las demoras de procedimientos de justicia civil y penal, como en 94% de los países”, señaló la organización World Justice Project en su comunicado.
“El peor desempeño del país se da en el factor de ausencia de corrupción, el cual analiza el uso del poder público para beneficios privados, en el que México se coloca como el país 135 en el mundo y en el último lugar de América Latina ¡zas!, seguido de Bolivia y Venezuela”, señala la organización civil mexicana Impunidad Cero sobre dichos resultados.
“El mayor reto de México es ausencia de corrupción, en el que tiene el peor puntaje más bajo. Específicamente, hubo retrocesos en los indicadores que miden la ausencia de corrupción en el Poder Legislativo y en el Judicial”.
Por lo que respecta al factor con mejores resultados es el gobierno abierto, en materia de transparencia, rendición de cuentas y participación ciudadana, en el que México se coloca en el sitio 43 del orbe y siete de América Latina.
En cuanto al orden y seguridad que considera si el crimen está controlado y si la población evita la violencia para solucionar conflictos México se ubica en el lugar 130 del orbe y en el 30 de América Latina, superado por Haití y Venezuela. ¡Más y más vergüenza!
Otro rubro en el que estamos en los últimos sitios es en justicia penal en el que se analizan si se cuenta con sistemas eficaces que cumplen el objetivo de sancionar delitos, nuestra endeble nación ocupa el deshonroso lugar 129 a nivel mundial y el 26 en América Latina.
De igual manera, la organización civil Impunidad Cero especifica que los resultados arrojan la necesidad de invertir más en las instituciones de justicia por lo que recomienda: “la construcción de un verdadero Estado de derecho en el país necesita que se destinen recursos suficientes y bien utilizados en estas instituciones”.
En cuanto a la investigación Presupuesto o estatal para el combate a la impunidad: cuánto gastan los estados y qué impacto tiene en la seguridad y la justicia, coincide en que existe una relación entre mayor gasto en instituciones de seguridad pública, procuración e impartición y mejores niveles de Estado de derecho y, que para combatir la corrupción se requiere consolidar a las instituciones encargadas de desmantelar las redes de corrupción en todo el país.
La organización Impunidad Cero expuso que “consolidar el Estado de derecho en México pasa invariablemente por invertir más y mejor en nuestras instituciones de seguridad, procuración e impartición de justicia. Si bien ha aumentado el gasto que se hace en el país para lograrlo, todavía no es suficiente y las autoridades estatales y federales necesitan redoblar esfuerzos para conseguir mejores resultados para la población”.
Así pues, este decepcionante gobierno de la autollamada cuarta transformación (¿?), tiene que ponerse realmente a trabajar y operar a fondo en materia de corrupción y seguridad en el que, por supuesto está reprobado, (entre otras asignaturas, pese a pesar de lo que declare cotidianamente el jefe del Ejecutivo Andrés Manuel López Obrador, que “vamos requeté bien” ´la nación se hunde cada día más.
¡CINISMO DESBORDADO EN NAUCALPAN!
Lo único que faltaba en Naucalpan para consumarse como un gobierno morenista fallido y con un cinismo desbordado que mal encabeza Patricia Elisa Durán Reveles. ya sucedió: el nefasto director general del Organismo de Agua Potable y Alcantarillado (OAPAS), Ricardo Gudiño Morales adquirió con su “boyante” salario, (presumió en un estacionamiento), su automóvil deportivo no de lujo, de súper lujo, que únicamente un multimillonario empresario, un flamante hombre de negocios o una celebridad artística o futbolística o boxística puede adquirir.
Se trata de un automóvil de manufactura italiana que, por cierto, hay pocas unidades rodando en el planeta y en nuestro país: un Lamborghini Aventador color rojo que tiene un precio de lista de ¡417 mil 826 dólares!, que convertidos a pesos mexicanos suman 8 millones 272 mil 954 pesos. Y por supuesto el mantenimiento de este vehículo es carísimo.
A Ricardo Gudiño Morales, ya lo habían acusado de ser deshonesto y corrupto en varias ocasiones, claro está que tendrá que salir a dar la cara y dar una amplia explicación de cómo adquirió este automóvil deportivo de súper lujo, con qué recursos y de dónde salieron éstos.
No es concebible que este gobierno morenista ineficiente e ineficaz que no tiene para pagar puntualmente la nómina completa de todos los empleados y funcionarios municipales; tampoco los laudos pendientes, ni las despensas mensuales que se entregan a los más de cuatro mil sindicalizados, ni la gasolina para las unidades de las distintas direcciones del ayuntamiento, esté desbordado de cinismo y corrupción. ¡Pero lamentablemente, nadie hace nada!
Veremos de qué manera entrega la administración Patricia Elisa Durán Reveles, quien ha negado cualquier reunión de acercamiento con el equipo de recepción de la presidente electa Angélica Moya Marín, que deberá realizarle una minuciosa auditoría a todas las áreas de dicha gestión.
De igual manera, se deberá seguir de cerca las entregas-recepciones de los 125 ayuntamientos del estado de México debido a que el 31 de diciembre próximo entregarán sus respectivas administraciones.
Asimismo, se tendrán que seguir con lupa a las gestiones entrantes, porque en varios municipios los presidentes electos se han rodeado de personas de dudosa reputación e inclusive que fueron inhabilitados por diez años por cometer delitos como peculado (entre otros) en gestiones pasadas y que ahora -según ellos- “vienen limpios”. Así como de personas que no tienen experiencia en trabajos municipales y que por el amiguismo o compadrazgo que tienen con el presidente municipal son incluidos en el gabinete.
Se deben acabar estas viejas prácticas que han dañado durante décadas severamente a todo nuestro país en los tres niveles de gobierno, porque muchos de alcaldes, gobernadores y presidentes de la república, no vienen a servir a los ciudadanos, sino a servirse de la hacienda pública. ¡Pobre de México, con centenas de “servidores públicos” voraces!
