Hacinamiento, corrupción, tortura, precariedad alimentaria, crímenes y fabricación de cargos, son algunas de las problemáticas que enfrentan las personas privadas de la libertad en los penales.
Al menos ese es el panorama que retrataron familiares de personas privadas de la libertad en el Congreso local.
Así lo dijeron durante el foro organizado por la organización defensora de los derechos humanos, Zeferino Ladrillero, donde entregó su Segundo Informe Sobre la Situación Carcelaria en el Estado de México.
Acompañados de familiares de los llamados “injustamente presos”, integrantes del Centro de Derechos Humanos exigieron no solo adecuaciones a las leyes que permitan una mejor calidad de dentro de las cárceles, sino mecanismo que impidan que personas inocentes vivan la violación de derechos humanos tras las rejas.
Un día antes de la presentación de este informe, la organización “Presunción de Inocencia” dio a conocer el asesinato de un interno en el penal de Chiconautla, preso desde 2003 y quien presuntamente debió salir en libertad en abril de hace dos años.
En el salón Benito Juárez de la Legislatura, los familiares de los internos denunciaron tratos crueles, actos de corrupción, extorsión y hasta tortura por parte de servidores públicos.
Exhibieron que en cada visitan que realizan a los penales para estar con sus parientes deben llevar dinero porque los custodios les cobran por todo, desde pasar alimentos hasta permanecer algunos minutos más.
Hay datos que son dramáticos. Por ejemplo, 84.7 por ciento de los internos no tienen acceso a la atención médica oportuna, razón por la que se han dado algunos fallecimientos catalogados como “por causas naturales”, pero en realidad fue porque no recibieron la debida atención médica.
Este es un tema que lleva años y que en algo se ha avanzado, ahora con la presencia de organismos ciudadanos defensores de los derechos humanos. La Secretaría de Seguridad ha logrado avances importantes en la materia para mejorar las condiciones de vida de las personas privadas de la libertad, pero son pocos los espacios para tantos reos.
Ese es el otro lado de la moneda. Se niega que existan cobros a familiares de internos dentro de los penales de la entidad o que haya autogobierno. Quizá así sea, mientras no haya denuncias formales o pruebas que puedan avalar los dichos.
Así se lo ha hecho saber al Centro de derechos Humanos Zeferino Ladrillero, porque están sustentadas en denuncias verbales y no se han presentado a través de las instancias legales correspondientes.
Aseguró que organismos de derechos humanos y algunos diputados han realizado visitas sorpresa a los penales y no han encontrado anomalías. Y eso es real.
También se refirió la Secretaría de Seguridad a las visitas que realizan la Secretaría de la Contraloría y la unidad de Asuntos Internos, organismos que tampoco han encontrado nada.
Algo que llama la atención en el mensaje de la SSEM es que desde 2017 se tiene un registro de 250 expedientes abiertos y en proceso de investigación por presuntos actos de corrupción y que se ha dado de baja a 62 elementos por decisión de la Comisión de Honor y Justicia.
La Comisión Nacional de Derechos Humanos ha emitido diagnósticos preocupantes, pero el tema es que no hay señalamientos directos ni denuncias penales. Habla del control que en ocasiones llega a niveles de guerra abierta entre grupos de criminales.
En el centro de toda esta problemática se encuentra el hecho indiscutible de la hacinación en todos los penales, que es un tema pendiente de resolver y que se supone con la Ley de Amnistía se lograría despresurizar las cárceles, pero no es tan sencillo porque cada caso debe ser analizado profundamente. No se trata solo de que llegue la petición y sale. Es un asunto multidisciplinario para llegar a tener un dictamen de cada caso.
Podemos decir que es vox populi lo que sucede en los centros penitenciarios, pero sin denuncias penales todo parecería muy tranquilo.
