La transparencia en los presupuestos debe ir más allá de simplemente hacer un boletín de información numérica de las acciones del gobierno. Es necesario tener claridad, exhaustividad, confiabilidad, oportunidad, accesibilidad y usabilidad. Todas estas acciones deben estar enmarcadas dentro de la legislación para compartir información y para esto se requiere una firme voluntad política.
Para que las/os ciudadanas/os puedan evaluar a su gobierno, éste debe rendir cuentas. Esta simple acción se traduce en mayor confianza ciudadana que, a su vez, le otorga legitimidad. Cualquier ciudadana/o tiene derecho a que su gobierno ponga a su disposición la información sobre cómo gasta el dinero que le es propio. Esta información (pública) se convierte en un bien intangible en poder de la sociedad. En otras palabras, es información que las/os ciudadanas/os utilizan para la toma de decisiones que le agregan valor al quehacer cotidiano.
Cuando hablamos de “valor público” tenemos la idea de que es bueno para la sociedad y su funcionamiento, en otras palabras, nos referimos a los bienes públicos que una sociedad valora y aspira a crear por medio de las instituciones públicas. Por su parte, un “bien intangible” es un activo no monetario que permite el acceso a los “bienes tangibles”, es decir, gracias a esa información pública las/os ciudadanas/os obtienen mayores beneficios de la gestión pública de sus recursos.
Así que conocer en qué gasta el gobierno aporta valor público y bienes intangibles a la sociedad. El Instituto Mexicano para la Competitividad ha publicado el Barómetro de Información Presupuestal Estatal 2022 y es grato saber que gracias a los esfuerzos de la sociedad y a instituciones como ésta, desde 2008 se ha alcanzado una mayor transparencia. En el año de referencia la información era incompleta y dispersa comparada con la cantidad y la calidad de los datos a los que tenemos acceso en 2022.
Hoy sabemos que, del total de recursos presupuestados en el país, la federación ejerce un 58.8%, los estados 34.3% y los municipios un 6%. Es decir, los gobiernos locales ejercen un 1 billón 891 mil mdp. Estas cifras resultan útiles para conocer las finanzas públicas y evaluar la capacidad del gasto de cada uno de los ámbitos de gobierno. Una buena noticia es la evolución de la información presupuestal, pues en 2008 el promedio de cumplimiento en el reporte era de 53% y actualmente es del 93%. Los Estados de más alta puntuación, con 100% de cumplimiento son: Baja California, Campeche, Chiapas, Coahuila, Durango, Guanajuato, Hidalgo, Jalisco, Puebla, Querétaro, Quintana Roo y Yucatán.
La noticia, no tan buena, es que nuestro Estado de México se ubica en el lugar 29 con un porcentaje de cumplimiento del 74%. La publicación del IMCO establece el histórico del Estado de México que ha avanzado paulatinamente desde 2008. En ese año el cumplimiento era del 50%, hasta el 2021 que llegó al 74%. Lamentablemente, se observa que en otros estados el avance es más rápido en el acatamiento de las obligaciones y la instrumentación de mejores prácticas que son las que se califican.
Nuestra entidad tiene un bajo porcentaje en aspectos como deuda pública 31%, tabuladores de plazas 67%, y poderes/dependencias 92%. En otras palabras, nuestra entidad es opaca en relación con el origen y destino de la deuda pública, así como en la descripción adecuada de cuánto ganan las personas servidoras públicas. En los aspectos como acceso inicial, ley de ingresos, municipios y recursos federales, la entidad mexiquense obtiene un 100%.
El IMCO propone: 1) Institucionalizar las mejores prácticas para que se conviertan en ley y procedimientos más exitosos. 2) Contar con unidades de evaluación que midan el desempeño y eficiencia en la aplicación de los recursos. 3) Acotar la brecha entre el presupuesto aprobado y el ejercido.
La tecnología debe permitir mayor interacción entre personas y autoridades, por ejemplo, en Paraguay existe una aplicación llamada “PresupuestoApp” que permite realizar consultas sobre presupuestos y gasto para cualquier institución pública de manera actual o histórica.
Para fortalecer la democracia necesitamos ciudadanas/os defensoras/es de un sistema de instituciones que con transparencia rindan cuentas. Si no se sabe en qué se gastan y cómo se ejercen los recursos se abona a la opacidad y con ello a la desconfianza ciudadana en sus gobiernos. Asignar obras discrecionalmente, es decir, contratar “cuates” y compadres, evitar las licitaciones y otras prácticas opacas, contribuyen al clima de corrupción.
El buen juez por su casa empieza. Así que empecemos por limpiar nuestra casa en común. Es momento de que las/os ciudadanas/os de primera exijan gobiernos a su altura. Las/os gobernantes deben tener la voluntad política de abrir sus cuentas al escrutinio público. Todas las acciones y decisiones de gobierno deben estar en caja de cristal para que sean las/os ciudadanas/os quienes juzguen y evalúen a sus gobiernos.
*El autor es Maestro en Administración Pública y Política Pública por ITESM y Máster en Comunicación y Marketing Político por la UNIR.
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