Frente a la consulta popular para revocar o ratificar al presidente de la República, la sociedad mexicana está dividida, contrapuesta y confundida. Dividida entre simpatizantes y opositores; contrapuesta entre opositores que opinan que salir a votar es “hacerle el caldo gordo” al presidente y su movimiento y los que opinan que es mejor no salir a votar para “hacerle el vacío” a una consulta que no pidieron; y confundida entre la ciudadanía menos politizada que no alcanza a entender qué está pasando y no sabe a quién creer y qué hacer.
El presidente de la República y sus simpatizantes la tienen fácil: acudir a las urnas a apoyar su campaña de popularidad “Que siga AMLO”, disfrazada de consulta de revocación de mandato. La oposición al presidente está en una trampa, como ya lo describió Guadalupe Loaeza. Trampa porque si se acude a las urnas malo y si no se acude, también. Por qué este galimatías y cómo llegamos ahí?
La confusión deriva de una serie de interpretaciones contradictorias de la ley, así como de otra serie de hechos contradictorios tanto de quienes apoyan como de quienes rechazan la consulta. En primer lugar, abordando la parte legal, la Revocación de Mandato, “es un instrumento de participación solicitado por la ciudadanía para determinar la conclusión anticipada en el desempeño del cargo de la persona titular de la Presidencia de la República, a partir de la pérdida de confianza” (Ley Federal de Revocación de Mandato, 2021, Art. 5).
En segundo lugar, porque la pregunta establecida por ley para la consulta introdujo, deliberada o impensadamente, la posibilidad de tergiversarla: ¿Estás de acuerdo en que a (nombre del Presidente de los Estados Unidos Mexicanos) se le revoque el mandato por pérdida de la confianza o siga en la Presidencia de la República hasta que termine su periodo? (LFRM, 2021, Art. 19). La Suprema Corte de Justicia de la Nación la avaló agregando el nombre de Andrés Manuel López Obrador, actual presidente de México. Algunos expertos expresaron en su momento que no había necesidad de la segunda parte de la pregunta porque, en 2018, la ciudadanía eligió presidente de la República para un mandato constitucional de seis años y ese resultado electoral no estaba a discusión.
En tercer lugar, la ley también dispuso que la difusión de la consulta estaría a cargo del Instituto Nacional Electoral (INE) en forma objetiva, imparcial y con fines informativos, mientras que los partidos políticos también podrían promover la participación ciudadana absteniéndose de aplicar su financiamiento público y privado para influir en las preferencias de ciudadanas y ciudadanos (LFRM, 2021, Art. 32), además de que también se suspendería la difusión de toda propaganda gubernamental -salvo de aquella relacionada con temas educativos, de salud y de protección civil- durante la campaña de revocación (LFRM, 2021, Art. 33). Este periodo de suspensión de propaganda gubernamental se estableció para el periodo del 4 de febrero al 10 de abril de 2022 (INE/CG1717/2021).
Cabe aclarar que la restricción sobre la propaganda gubernamental fue consignada en el Art. 134 Constitucional, desde 2007, cuando se gestó el marco del modelo de comunicación político electoral vigente, a raíz de las intensas protestas del entonces opositor Andrés López Obrador y su movimiento que acusaron abierta y flagrante intromisión del presidente Fox, el gobierno federal y medios de comunicación en favor del entonces candidato Felipe Calderón durante la elección presidencial de 2006, que derivó marchas, toma de espacios públicos, rechazo al resultado electoral e intransigente exigencia para que hubiera cancha pareja, equidad en las condiciones de competencia electoral y prohibición del uso de recursos públicos para favorecer a un candidato, partido o gobernante. Posteriormente, en 2011, la SCJN confirmó que los entes públicos deben abstenerse de influir en las preferencias durante ejercicios democráticos electorales.
Abordando los hechos, en primer lugar, la consulta de revocación de mandato fue solicitada por el presidente de la República, no fue solicitada por la ciudadanía, como lo estableció la ley. Y avanzó porque el presidente convocó a su partido y militantes a organizarse para solicitar la consulta de revocación ante el INE. Así, la organización morenista Que siga la Democracia, A.C. dio la cara y se presentó ante la autoridad electoral para entregar las firmas solicitadas, en el plazo solicitado y, aunque muchas fueran rechazadas por registrar firmas de personas que no dieron su consentimiento o personas fallecidas, las firmas avaladas alcanzaron la suma requerida y lograron concretar el primer paso.
En segundo lugar, aprovechando la segunda parte de la pregunta formal, la organización Que siga la Democracia, A.C., militantes y simpatizantes de MORENA desplegaron una intensa campaña a lo largo del país para “Que siga AMLO”. De esa forma, la consulta popular se convirtió en una consulta presidencial. Y pasó de ser una consulta de revocación a una consulta de ratificación, con un alto costo para la ciudadanía quien pagará los casi dos mil millones de pesos que erogará la autoridad electoral y los otros cientos de millones de pesos extraídos del erario público para colmar la insaciable necesidad presidencial de promoverse y medir su popularidad.
Y en tercer lugar, a pesar de la prohibición de propaganda gubernamental durante el periodo de campaña de revocación, el presidente, sus funcionarios y gobernantes afines a MORENA se avocaron a promover abiertamente la ratificación de mandato, bajo la campaña “Que siga AMLO”, usando no sólo recursos públicos o de dudosa procedencia y violando la veda electoral sino, además, arremetiendo abiertamente en contra del árbitro electoral por, entre otras acusaciones, oponerse a la propaganda gubernamental, no colocar casillas suficientes y no promover ampliamente la consulta, más lo que se acumule.
Así llegaremos al 10 de abril. Metidos en una consulta oficial. MORENA y seguidores tienen una instrucción clara: “Que siga AMLO”. Para opositores o no simpatizantes del presidente, la instrucción es confusa. Para esta parte de la ciudadanía el dilema está enfrente: participar o no participar; “hacer el caldo gordo” o “hacer el vacío”. Triste tradición democrática la nuestra: elegir la opción menos peor, porque el pueblo pone, pero el gobierno dispone.
@IrmaCruzE
Comunicóloga
