El artículo 6º de nuestra Carta Magna establece que “Toda persona tiene derecho al libre acceso a información plural y oportuna, así como a buscar, recibir y difundir información e ideas de toda índole por cualquier medio de expresión”, de aquí la importancia de conocer cómo los estados que integran la federación están cumpliendo su obligación de transparentar el quehacer público. El Dr. Rodrigo Sandoval Almazán presentó el “Ranking de Portales de Transparencia 2022”, reporte que desde el 2006 ha presentado anualmente y que se elabora con una metodología que ha evolucionado y actualmente incluye varios apartados entre ellos 1. Arreglos institucionales, 2. Datos abiertos, 3. Colaboración vertical, 4. Colaboración horizontal o co-creación y 5. Interfase.
El documento publicado puede ser consultado de manera detallada en https://rodrigosandoval.mx/download/rpet2022/ . De la información presentada destaca la diferencia en puntaje entre el primer lugar Zacatecas, con 75.49 puntos, y el último Morelos, con tan sólo 13.11 puntos, una diferencia de 62 puntos. Este sencillo dato muestra la gran disparidad en el manejo de la transparencia en los estados. La diferencia promedio es de 34 puntos, con un descenso de la puntuación de 2.7 respecto al año anterior. Una de las posibles explicaciones es el impacto de la pandemia, en el sentido de que debido al confinamiento de las personas en sus domicilios, obligadas a realizar teletrabajo, se incrementó la necesidad de interactuar con sus gobiernos.
Regresando al ranking, Zacatecas ocupa el primer lugar con 75.49 puntos, le sigue Quintana Roo con 68.27 puntos, Chiapas con 62.37 puntos. Los últimos cuatro lugares: Estado de México con 19.15 puntos, Colima con 15.97 puntos, Guanajuato con 15.73 puntos y Morelos con 13.11 puntos. Es lamentable la caída en casi todos los componentes del ranking que se refleja en tres puntos perdidos del puntaje global. En el primer componente, disposiciones legales o arreglos institucionales, destacan la simulación en lo expuesto, información desactualizada o rutas complicadas para acceder a la información. Algunas entidades están por encima del promedio (54.25 puntos), pero 14 están por debajo. Lamentable Puebla, San Luis Potosí y Edoméx tienen cero puntos.
En el caso de los datos abiertos, que por cierto es el apartado en el que quisiéramos ver avance, las cifras presentan mayores diferencias. El mejor ejemplo: Zacatecas 76 y Guerrero cero puntos. Ante estos datos las alarmas se encienden pues los componentes se han desplomado debido a que los portales no se actualizan, no hay innovación que les permita mejorar la interacción entre ciudadanas/os y personas servidoras públicas. En el componente colaboración horizontal, que mide la participación ciudadana y evalúa las redes sociales de los portales y la interacción con sus usuarios, aunque los estados parecen interesados en difundir la transparencia, este aspecto aparece abandonado al igual que los otros cuatro. El caso del Estado de México es triste dado que está en la posición 29, la cuarta peor posición nacional. Sus puntajes deberían ponernos a pensar, principalmente a los potenciales usuarios de la información, no sólo a las autoridades que tienen la obligación de crear los portales y mantenerlos en adecuadas condiciones: cero puntos en disposiciones legales y colaboración horizontal, ¿la causa cual sería, la proximidad del proceso electoral acaso?
Es lamentable el retroceso en prácticas de transparencia y gobierno abierto. Contar con una sociedad debidamente informada parece una meta cada vez más lejana. En este año la opacidad gana terreno frente a la transparencia, los mecanismos de contacto y vinculación con la sociedad han decaído. Los gobiernos no están facilitando la co-creación de los datos gubernamentales y difícilmente se incluyen acciones de gobierno abierto. Es necesario impulsar el uso de tecnologías que permitan ofertar servicios de información. El gobierno digital es un área de oportunidad fundamental.
Y estamos la contraparte. Las/os ciudadanas/os. Los gobiernos, según las leyes de transparencia, son “sujetos obligados” a poner a disposición del público información. El gobierno organiza y usa la información que genera con sus actividades. El gobierno se financia con nuestros recursos, por eso tiene la obligación de informarnos ampliamente cómo los gasta y en qué los gasta. Las/os ciudadanas/os tenemos el derecho de exigir rendición de cuentas sobre nuestros recursos para evaluar el quehacer gubernamental. En un círculo virtuoso, contar con esta información nos permitirá ejercer nuestro derecho a opinar sobre ese tema. Ejercer y reclamar respeto a nuestros derechos es una obligación que no deberíamos evadir. Nos hace falta exigir más transparencia, o nos empleamos a fondo o los gobiernos seguirán retrocediendo y ocultando datos fundamentales para saber cómo gastan nuestros recursos. Hagamos del derecho de petición una realidad. Dejemos claro a los gobernantes que sólo ganarán nuestra confianza con información real y evidencia auténtica.
*El autor es Maestro en Administración Pública y Política Pública por ITESM y Máster en Comunicación y Marketing Político por la UNIR.
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