En la lucha para asegurar la igualdad de género hay dos opciones: continuar por la misma vía seguida hasta ahora, en la que ha habido avances importantes pero que, de seguir por ahí tardaría 108 años en cerrarse la brecha, o modificar la ruta y meter el acelerador para reducirla en menos años. Así lo expresó Claudia Jáñez, presidenta del CEEG (Consejo Ejecutivo de Empresas Globales) hace tres años y hoy, su propuesta de visión femenina como motor de crecimiento e inclusión no sólo sigue vigente, sino que cobra relevancia frente a la profundización de las brechas de desigualdad e injusticia en nuestro país y donde el Estado de México presenta importantes desafíos.
Frente a la renovación de la gubernatura mexiquense en 2023, antes de que la ciudadanía elija, los partidos políticos locales tendrán, como siempre, la oportunidad de elegir primero. Dentro de sus procesos internos de selección de candidaturas tienen la obligación de reivindicarse con su definición de origen como “entidades de interés público”, de moverse de la degradante escala de desconfianza y poca valoración en la percepción ciudadana y garantizar candidaturas no sólo carismáticas y leales sino, sobre todo, experimentadas, capaces y comprometidas con una agenda de desarrollo con perspectiva de género.
De acuerdo con investigaciones recientes, México ocupa el lugar 50 de 149 países en términos de igualdad de género; sólo el 45% de mujeres en edad de trabajar están empleadas; la diferencia salarial entre hombres y mujeres es de 17%; y la tasa de participación de las mujeres como fuerza laboral es del 35%. De acuerdo con datos de México, cómo vamos? las brechas de género se han mantenido con pocas variaciones en los últimos 25 años: mientras en 1997, por cada 100 hombres se incorporaban 49 mujeres al empleo formal, para 2021, la cifra de mujeres se incrementó a 63, con la agravante reducción del 1% anual en la creación de empleo formal y con la incorporación de más de 12 millones de mujeres al trabajo informal con la vulnerabilidad económica que ello representa.
En el Estado de México, si bien se ha observado un incremento en la participación económica de las mujeres en las últimas décadas, los últimos datos disponibles (2015) registran que la tasa de Población Económicamente Activa (PEA) se ubicó en 33.70% para mujeres, frente al 69.71% para hombres; a nivel municipal, mientras en municipios como Atizapán y Huixquilucan la tasa de PEA femenina es de 41.56% y 40.52; en otros municipios como Luvianos e Ixtapan de El Oro, la tasa baja a 12.13% y 9.61, respectivamente; es decir, en municipios conurbados con la CDMX la tasa de PEA femenina es menor a la media nacional y en municipios del sur de la entidad la participación de las mujeres en la economía es mínima.
La feminización de la pobreza, por su parte, es el problema central de un círculo vicioso en donde la falta de recursos impide a las mujeres salir de pobres, pero la discriminación y la asignación de roles sin remuneración impide a las mujeres acceder a fuentes que les generen dichos recursos (Martínez (2021); en la medición de pobreza laboral, mientras 36% de hogares liderados por hombres no pueden adquirir la canasta básica, la cifra aumenta a 40% en hogares liderados por mujeres por lo que, si la meta es reducir la pobreza laboral a 20.5%, -menos de la mitad de la cifra actual- es preciso romper el círculo que mantiene a las mujeres en ese rezago histórico.
Por ello, visualizar las estadísticas con perspectiva de género es fundamental porque “lo que no se define no se puede medir, lo que no se mide no se puede mejorar y lo que no se mejora, se degrada siempre” (Lord Kevlin) y la teoría feminista contemporánea, además de visualizar la desigualdad y trabajar en el cierre de las brechas de género, también promete contribuciones importantes para reformular los necesarios debates sobre los fracasos del capitalismo, así como las promesas y malentendidos de la democracia y el desarrollo (Kauppert y Kerner, 2016).
El estudio “Un feminismo político para un futuro mejor” sostiene que la visión incluyente contempla una perspectiva interseccional para el desarrollo de estrategias capaces de transformar una cultura política dominada por cálculos tácticos y partidos tradicionales que se rigen, en la mayoría de los casos, por una lógica transaccional -cómo movilizar votantes para ganar elecciones-, es decir, con una visión cortoplacista y reactiva sorteando las crisis que cuestionan o amenazan su sobrevivencia pero sin atacar los problemas de fondo.
Por ello, replantear una agenda de desarrollo con perspectiva de género puede comenzar desde los partidos políticos cuando definen sus programas de acción y plataformas electorales, así como dentro de sus procesos internos de selección de candidaturas para la renovación de liderazgos políticos, como será el caso del Estado de México en 2023, donde la brújula deberían ser los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de la Agenda 2030 establecidos hace siete años para avanzar hacia la igualdad de género, fin de la pobreza, hambre cero y reducción de las desigualdades pero que, a mitad del camino fijado para su cumplimiento, registran pocos, nulos resultados o, incluso, retrocesos.
Partir de una selección de liderazgos experimentados y capaces, que incorporen tanto la visión femenina como la perspectiva de género en el máximo cargo público, pueden representar una forma diferente de hacer política para obtener resultados diferentes. No hacerlo y esperar resultados diferentes, significará la definición de locura que sentenciaba Einstein.
@IrmaCruzE
Comunicóloga
