El pasado 8 de marzo de 2023, se conmemoró una vez más el Día Internacional de la mujer. En muchas ciudades del país se llevaron a cabo actos cívicos, marchas y protestas relacionadas con la reivindicación de los derechos de las mujeres a vivir sin violencia, libres, en paz, con igualdad y respeto a sus preferencias, roles, identidades y desempeños laborales. Pero lo más importante fue que exigieron justicia. Afortunadamente el saldo fue blanco.
Sin menoscabo del derecho a manifestarse y a la libre expresión de los diversos colectivos de mujeres que marcharon, así como de aquellas que lo hicieron de manera espontánea e independiente, es necesario reflexionar sobre las expectativas y saldos de esta jornada y de la forma en la que se consuman las libertades civiles de unas y las restricciones y afectaciones de otras y otros. ¿En qué momento la libertad de expresión y la libre autodeterminación de los ciudadanos para reunirse y marchar puede poner en riesgo a quienes los rodean e incluso a ellos mismos? La pregunta es muy pertinente porque, quienes se manifestaron, desde luego que no pretendían hacerle daño a nadie –por lo menos a nadie con nombre y apellido— y mucho menos a sí mismas; sólo arengar al llamado Estado Patriarcal y a la violencia machista, entre otros fenómenos sociales lacerantes.
Según la Terminología para la reducción de riesgo de desastre, publicada en 2009 por la Estrategia Internacional para la Reducción de Desastres de las Naciones Unidas, UNISDR (por sus siglas en inglés), una amenaza es “un fenómeno, sustancia, actividad humana o condición peligrosa que pueden ocasionar la muerte, lesiones u otros impactos a la salud, al igual que daños a la propiedad, la pérdida de medios de sustento y de servicios, trastornos sociales y económicos, o daños ambientales”. En tal sentido, cuando un grupo de personas –indistintamente de su género, condición o grupo étnico— se manifiesta libre y abiertamente en las calles o se reúnen para celebrar o conmemorar algo de manera masiva, indistintamente si es de carácter religioso, artístico, deportivo o político, las emociones, valores y símbolos que las reúne pueden desbordarse, súbita o deliberadamente, y convertirse de pronto en una amenaza para las personas que las rodean, sus bienes y el entorno. En tal contexto, si no se implementa un dispositivo de seguridad y protección civil adecuado para el manejo, contención y seguimiento de dicho fenómeno las cosas pueden salirse de control de un momento a otro y, la simple manifestación de las ideas, puede convertirse en una emergencia o desastre.
El nivel de riesgo al que se expone una persona, entidad o grupo, depende de la combinación de tres factores básicos: una amenaza o peligro –cuya magnitud e intensidad es variable—, la cual se combina con las vulnerabilidades físicas y socioeconómicas inherentes y adquiridas de la entidad afectable, y del tiempo de exposición ante el agente agresor. La ecuación puede generar “Daños o pérdidas probables sobre un agente afectable”, según la Ley General de Protección Civil, en su Artículo 2, Fracción XLIX. Por lo tanto, siguiendo este orden de ideas, ¿Cómo podrían prevenirse los empresarios, comerciantes y ciudadanos de a pie, cada año, para no ponerse en riesgo ellos mismos y sus bienes cada 8 de marzo o en cualquier otra manifestación masiva?
¿Un Programa Especial de Protección Civil para Manifestaciones Masivas de Inconformidad Social será la respuesta? ¡Seguro que sí! Pero no solo le corresponde al gobierno, sino a todos. En las ciudades las autoridades responsables se ocupan de implementar un Programa Especial de este tipo, no obstante, a efecto de mejorar y reducir cada vez más los riesgos a la población, habrá que diseñar mejor las etapas previas a la preparación, auxilio y recuperación ante dichos fenómenos, que es lo que cotidianamente se conoce pública y mediáticamente de estas estrategias: la reacción, la respuesta y el restablecimiento de los servicios, una vez que las marchas y manifestaciones de inconformidad han transcurrido y sus daños han sido evaluados.
¿Qué acciones pueden incluirse en estos programas de protección civil en sus fases de identificación, previsión, prevención y mitigación de riesgos? ¿Será posible reunirse con los liderazgos de los colectivos y establecer acuerdos para que sus objetivos sean incluso más visibles y contundentes, pero al mismo tiempo sean menos las afectaciones al espacio público y a los derechos y bienes de otros? Analizar las formas de evitar destrozos y perjuicios a comerciantes, empresarios y transeúntes de forma anticipada, en consenso y con estrategia, haciendo equipo con los afectados, más allá de levantar fortalezas alrededor de monumentos, edificios públicos y desplegar centenas de policías, equipo y fuerzas de tarea es el reto de las autoridades.
Innovar en los mecanismos de seguridad y protección civil, involucrando a los tres sectores –público, privado y social– puede lograr que incluso más ciudadanos se sumen, de mejor forma y pacíficamente, a las exigencias de diversos sectores sociales vulnerables que año con año se manifiestan, buscando reducir al máximo los riesgos de marchar. Gobernanza, le llaman, al gobernar escuchando y acordando de manera abierta, transparente, con la ley en la mano y haciendo uso de la tecnología disponible. Esto también es protección civil.
Hugo Antonio Espinosa
Fue Director del Heroico Cuerpo de Bomberos de Toluca,
Subdirector de Protección Civil e Inspección en la SCT Federal.
Actualmente es Subdirector de Emergencias en el Valle de Toluca, en la Coordinación General de Protección Civil, EDOMEX
